Este evento fue un encuentro crucial en la búsqueda de soluciones concretas y compromisos tangibles para enfrentar la alarmante problemática ambiental en el país.
Esta actividad se desarrolló en el marco de la campaña “Delitos ambientales: Esto también es corrupción”, impulsada por la Red Anticorrupción Forestal de la Cuenca Amazónica de Transparencia Internacional.
Lima, 6 de marzo de 2024. En un esfuerzo conjunto por abordar la problemática ambiental y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, autoridades de alto nivel y representantes de pueblos indígenas se reunieron este miércoles 6 de marzo en la Mesa de Diálogo “Delitos ambientales: Esto también es corrupción”, organizado por el Programa de Gobernanza de Proética.
El evento inició con las palabras de bienvenida de Magaly Avila, directora del Programa de Gobernanza Ambiental de Proética, quien enfatizó la estrecha relación entre los delitos ambientales y la corrupción, destacando su papel como facilitadores de crímenes contra los bosques y nuestra Amazonía.
Luego se presentaron los estudios: “Raíces de los delitos ambientales de la Amazonía peruana” a cargo de la coordinadora del Programa de Investigación del Instituto Igarape, Vivian Calderoni y “Compromisos Climáticos y Crímenes Ambientales: Incremento de los delitos ambientales en el Perú” a cargo del especialista forestal del Programa de Gobernanza Ambiental de Proética, Frank Rivero.
Calderoni detalló cómo las redes criminales han identificado los delitos ambientales como una lucrativa oportunidad de negocio. Señaló que la mayoría de las actividades ilegales se concentran en Loreto, Amazonas, San Martín, Ucayali y Madre de Dios, y algunas de estas actividades han crecido exponencialmente por el cultivo de hojas de coca. Alertó que hay pocas repercusiones legales para los funcionarios corruptos y para las empresas acusadas de cometer delitos ambientales
Por su parte, Rivero presentó datos alarmantes sobre el crecimiento de los delitos ambientales en el país. Reveló que entre los años 2019 y 2021 se registró un aumento significativo, con más de 24 mil procesos seguidos por delitos ambientales. Más del 50% de estos casos corresponden a delitos contra los bosques y formaciones boscosas. Además, resaltó que el año 2020 marcó un hito negativo para el Perú, registrando la cifra más alta de pérdida de bosques.
Después de la presentación de ambos estudios, los representantes de los pueblos indígenas dialogaron con las autoridades del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), Contraloría General de la República, Procuraduría Ambiental del Ministerio del Ambiente, Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y una representante de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República.
Durante la mesa de diálogo, se expusieron preocupaciones significativas por parte de representantes de organizaciones indígena como la falta de medidas para frenar la deforestación, la criminalización y ataques a defensores ambientales. Por otro lado, se alertó sobre el impacto grave de la minería ilegal en Madre de Dios. Por ello, recalcaron la urgencia de un diálogo transparente y compromisos sólidos para abordar los delitos ambientales y proteger los derechos de los pueblos indígenas.
