En el marco del proceso electoral 2026, desde Proética, a través del Programa de Gobernanza ambiental, analizamos los 36 planes de gobierno presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones para evaluar cómo abordan la relación entre corrupción, economías ilícitas y crímenes ambientales en la Amazonía.
Los resultados revelan una brecha crítica en la oferta política. Solo 2 de 36 partidos (5.56%) incorporan de manera explícita propuestas que articulan estos tres fenómenos. Un 30.56% presenta coincidencias parciales, recogiendo algunos elementos de forma fragmentada. Sin embargo, el 63.89% no incluye referencias relevantes a esta problemática.
Este dato no es menor, incluso cuando existen menciones, estas suelen ser aisladas, desarticuladas y sin un enfoque integral.
El problema de fondo es más complejo. Las economías ilícitas que operan en la Amazonía, – como la minería ilegal, la tala ilegal o el narcotráfico-, no son solo actividades ilegales, funcionan como sistemas económicos que capturan territorios, se sostienen en redes de corrupción, y generan impactos directos en comunidades, ecosistemas y gobernabilidad.
Pese a ello, la mayoría de los planes de gobierno continúa abordando estos temas de manera sectorial, es decir, por un lado, la corrupción, por otro la seguridad, y por otro el ambiente. Esta fragmentación impide comprender – y enfrentar- el problema en su real dimensión estructural.
Frente a ello, es urgente elevar el estándar del debate público. Hacemos un llamado a:
– Las organizaciones políticas, a incorporar enfoques integrales que conecten corrupción, economías ilícitas y territorio
– Los medios de comunicación, a visibilizar estas brechas en la oferta electoral
– La ciudadanía, a exigir propuestas concretas y coherentes con la magnitud del problema
La Amazonía no puede seguir siendo un tema secundario en la agenda electoral.
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