CONVOCATORIA: Director/a Ejecutivo/a del Consejo Nacional para la Ética Pública – Proética

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1. Contexto institucional

Proética es el Capítulo Peruano de Transparencia Internacional, organización líder en la promoción de la transparencia, integridad y lucha contra la corrupción en el Perú. Buscamos un/a profesional con sólido compromiso con los principios democráticos, la transparencia y la integridad, convencido/a de su centralidad para el desarrollo sostenible del país.

La Dirección Ejecutiva constituye el cargo de mayor nivel en la estructura operativa de Proética, reportando directamente al Consejo Directivo designado por la Asamblea de Socios. La persona seleccionada será responsable de implementar la visión estratégica institucional y liderar todas las acciones, proyectos y programas de la organización.

2. Responsabilidades principales

a) Representación institucional

  • Ejercer la vocería de Proética en materia anticorrupción y transparencia, posicionando el liderazgo de la organización en estos temas.
  • Representar a Proética en eventos, ante medios de comunicación, organismos públicos y privados.
  • Asumir la representación legal ante entidades bancarias, APCI, SUNAT y otras instituciones relevantes.
  • Desarrollar y mantener alianzas estratégicas con actores clave de la sociedad civil y otros sectores.
  • Representar a Proética ante Transparencia Internacional y otras redes internacionales.

b) Liderazgo estratégico y operativo

  • Diseñar e implementar la planificación estratégica institucional según los lineamientos del Consejo Directivo.
  • Liderar el equipo profesional de la institución, promoviendo un clima laboral inclusivo, proactivo y eficiente.
  • Gestionar el talento humano, incluyendo la selección y evaluación del personal.
  • Asegurar una administración transparente, eficiente y efectiva de los recursos institucionales.
  • Supervisar la implementación efectiva del enfoque de género en todas las actividades institucionales.
  • Garantizar el cumplimiento de metas programáticas y administrativas de los proyectos.

c) Gestión de proyectos y sostenibilidad financiera

  • Diseñar, formular y presentar propuestas de proyectos alineados con la misión institucional.
  • Asegurar la obtención de financiamiento diversificado y sostenible para las actividades de la institución.
  • Liderar la implementación, monitoreo y evaluación de proyectos y programas.
  • Mantener relaciones de confianza con cooperantes y financiadores actuales y potenciales.
  • Garantizar la rendición de cuentas oportuna y transparente a donantes.

d) Incidencia pública y gestión del conocimiento

  • Impulsar campañas de difusión, educación ciudadana e incidencia pública.
  • Promover la generación de contenidos y propuestas innovadoras en materia anticorrupción.
  • Fomentar iniciativas de fortalecimiento democrático y participación ciudadana.
  • Liderar el desarrollo de laboratorios de innovación y respuestas creativas a los desafíos de integridad pública.

3. Perfil requerido

Formación académica

  • Profesional con grado de maestría en áreas como Derecho, Ciencias Políticas, Políticas Públicas, Economía, Gestión Pública, Ciencias Sociales o afines.
  • Formación especializada en temas de transparencia, anticorrupción, integridad pública, gobernanza o afines (deseable).

Experiencia profesional

  • Mínimo 7 años de experiencia profesional relevante, incluyendo al menos 5 años en posiciones de liderazgo.
  • Experiencia comprobada en gestión de organizaciones de la sociedad civil, preferentemente en áreas relacionadas con transparencia, integridad y anticorrupción.
  • Trayectoria demostrada en la conceptualización, diseño e implementación de proyectos de desarrollo.
  • Experiencia en obtención de fondos de cooperación internacional y/o financiamiento para iniciativas de fortalecimiento democrático.

Conocimientos y habilidades técnicas

  • Sólida comprensión del sistema político peruano, los procesos de reforma política y la problemática de corrupción nacional.
  • Capacidad avanzada de análisis político y propuesta de políticas públicas.
  • Dominio del inglés (nivel avanzado) para comunicación oral y escrita.
  • Competencias demostrables en gestión por resultados y dirección estratégica.
  • Conocimiento práctico de herramientas para el diseño, implementación y evaluación de proyectos.

Competencias personales

  • Liderazgo y visión estratégica comprobados.
  • Excelentes habilidades de comunicación e incidencia pública.
  • Capacidad para construir relaciones de confianza con diversos actores públicos y privados.
  • Iniciativa, innovación y pensamiento crítico para enfrentar retos complejos.
  • Compromiso demostrable con los valores democráticos, la integridad y la transparencia.

4. Condiciones del cargo

  • Contrato de 3 años, renovable según evaluación de desempeño.
  • Dedicación exclusiva.
  • Remuneración competitiva acorde a la responsabilidad del cargo.
  • Sede principal en Lima, con posibilidad de viajes a nivel nacional e internacional.

5. Documentos para presentar

  • Curriculum Vitae no documentado (máximo 5 páginas).
  • Copia del DNI.
  • Carta de motivación personal para postular a la dirección ejecutiva de Proética (máximo 2 páginas).
  • Dos referencias profesionales (nombre, cargo, institución y datos de contacto).

6. Cronograma de la convocatoria

Inicio de postulaciones

Jueves 24 de abril

Cierre de postulaciones

Lunes 05 de mayo

Entrevistas a personas preseleccionadas

A partir del martes 06 de mayo

Anuncio de resultados

Martes 20 de mayo

7. Postulación

Postulación para Director/a Ejecutivo de Proética, al siguiente link : https://forms.gle/GnK7EsrW9wfXiQMD6 hasta el 05 de Mayo.

Puedes descargar la convocatoria aquí.

COMUNICADO: Un error judicial no es persecución política

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Proética, Capítulo Peruano de Transparencia Internacional, expresa su firme rechazo a la decisión del gobierno de la República Federativa de Brasil de conceder asilo político a la señora Nadine Heredia, ex primera dama del Perú, quien, junto con el expresidente Ollanta Humala, fue objeto de un adelanto de sentencia de quince años de prisión por el presunto delito de lavado de activos, el pasado 15 de abril.

Si bien esta decisión emitida de manera oral, incompleta y en consecuencia sin posibilidad de ser impugnada hasta la lectura completa del fallo, no justificaba por sí sola la ejecución inmediata de la condena, ello no convierte en modo alguno al proceso penal seguido contra ambos y otras personas de su entorno en un acto de persecución política.

La señora Heredia ha alegado ser víctima de tal persecución para justificar su solicitud de asilo. Sin embargo, desde Proética sostenemos que una mala decisión e incluso un posible error judicial no constituyen persecución política. Para ambas situaciones existen mecanismos procesales de defensa a disposición de todo afectado. La decisión del gobierno brasileño desnaturaliza el espíritu del asilo como mecanismo humanitario internacional, debilitando su credibilidad y uso responsable.

Frente a este escenario, Proética hace un llamado a las instituciones del sistema de justicia peruano a actuar con buen criterio y responsabilidad en la aplicación de la ley, sobre todo ante casos de especial trascendencia pública. Solo así se podrá restablecer la confianza ciudadana en las instituciones judiciales, hoy gravemente erosionada por la percepción de injerencias indebidas.

Lima, 20 de abril de 2025

 

 El Consejo Directivo

Actualización del Registro de Detenidos: una herramienta clave contra el crimen y la corrupción

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En esta edición de La Voz de Proética, nuestro director ejecutivo, José Elice, enfatiza la importancia de disponer de un registro confiable y actualizado de personas detenidas y sentenciadas en el país. Aunque desde 1994 existe el Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva (RENADESPPLE), este no se encuentra debidamente actualizado.

Desde Proética, hacemos un llamado al Ministerio Público, al Ministerio del Interior y a las demás entidades involucradas a coordinar esfuerzos para garantizar la publicación oportuna y continua de esta información.

Un registro actualizado no solo fortalece la administración de justicia, sino que también es un instrumento clave para enfrentar de manera efectiva la corrupción y el crimen en nuestro país.

Foto: RPP

La lucha contra la corrupción debe ser prioridad en el debate político rumbo al 2026

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En esta nueva edición de nuestra editorial La Voz de Proética, nuestro director ejecutivo, José Elice enfatizó en la importancia de que el próximo proceso electoral sea una oportunidad para debatir a fondo los grandes problemas del país y, sobre todo, las propuestas para enfrentarlos.

Además, recalcó que la lucha contra la corrupción debe estar al centro del debate, con un programa claro que promueva la integridad y la honestidad tanto en el sector público como en el privado.

Foto: Infobae

Proética impulsa una agenda electoral contra la corrupción y los crímenes ambientales en la Amazonía

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En un evento clave celebrado en Lima, Proética reunió a expertos del sector público, academia, líderes indígenas, periodistas y representantes de la sociedad civil para diseñar una agenda concreta y viable que desafíe a los partidos políticos a tomar medidas efectivas contra la corrupción y los crímenes ambientales en la Amazonía.

Lima, 28 de marzo de 2025.  Frente al avance descontrolado de los flujos de dinero ilícito, la corrupción y los crímenes ambientales en la Amazonía, Proética organizó este jueves 27 de marzo un encuentro estratégico que reunió a expertos del sector público, líderes indígenas amazónicos, periodistas especializados en medio ambiente y representantes de la sociedad civil. La finalidad del evento fue recoger un análisis de la problemática, así como propuestas de solución viables y urgentes que puedan ser asumidas por las organizaciones políticas que participarán en las elecciones generales del 2026.

El evento giró en torno a cuatro ejes fundamentales:

  1. Captura regulatoria de los recursos naturales.
  2. Corrupción e impunidad.
  3. Flujos ilícitos de dinero e insumos.
  4. Violaciones a los derechos de defensores ambientales.

Durante su intervención, el director ejecutivo de Proética, José Elice, enfatizó la urgencia de que los partidos políticos presenten propuestas serias, alejadas de soluciones populistas, que verdaderamente enfrenten la corrupción y la depredación ambiental. “El país ha entrado en un ciclo electoral y es necesario que las organizaciones políticas demuestren su compromiso real con estos temas críticos”, señaló.

Por su parte, Magaly Avila, directora del Programa de Gobernanza Ambiental de Proética, resaltó la importancia de articular esfuerzos con las entidades del sector público, eliminar trabas burocráticas, garantizar la transparencia en la gestión de recursos naturales y fortalecer la vigilancia ciudadana. Asimismo, advirtió sobre las limitaciones impuestas por la llamada “Ley APCI”, que representa un obstáculo para el trabajo de ONG, medios de comunicación independientes y organizaciones indígenas para la labor de vigilancia y fortalecimiento de la gobernanza que ejercen las asociaciones civiles.

Proética anunció que durante las próximas semanas se consolidarán las propuestas recogidas en un documento que contenga medidas concretas y viables. Este documento será presentado a los partidos políticos con la intención de incidir en sus planes de gobierno y promover compromisos reales en beneficio de la Amazonía , sus territorios, la gestión de los recursos naturales y su población.

Además, se abrirá un proceso de consultas con la ciudadanía y actores sociales interesados en aportar y enriquecer esta agenda de acción.

El evento fue posible gracias al apoyo de la Embajada del Reino Unido en el Perú.

Ley Anti ONG: Una amenaza para la sociedad civil

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Hace unos días, el Congreso de la República aprobó una ley que modifica la Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional.

La idea es que las asociaciones que funcionan como ONG, es decir, organismos no gubernamentales, sean adecuadamente supervisadas y, además, se garantice su transparencia. Sin embargo, actualmente las ONG ya son supervisadas no solo por la APCI, sino también por Sunafil, que es un órgano del Ministerio de Trabajo; por la Sunat, que es el organismo de administración tributaria del país; y por la Unidad de Inteligencia Financiera, para evitar actividades vinculadas con el lavado de activos, entre otras.

Nos preocupa sobremanera que se hayan incorporado dos disposiciones que representan una amenaza para la sociedad civil, las colectividades y las personas.

La primera disposición establece que es una falta grave litigar contra el Estado, es decir, presentar acciones legales en defensa de los derechos fundamentales, así como de la libertad de colectividades y personas en nuestro país que se encuentran en estado de indefensión o no cuentan con recursos para ejercer esa defensa.

La segunda disposición establece que está prohibido —y también considerado una falta grave— desarrollar actividades que “afecten el orden público”, sin definir con precisión qué se entiende por orden público. Esto abre un amplio margen de discrecionalidad para la burocracia de turno, lo que representa una seria amenaza.

Finalmente, cabe mencionar el carácter confiscatorio de una de las sanciones establecidas en caso de faltas graves: una multa que puede ascender hasta los tres millones de soles.

Sin duda, existe un estado de amenaza e intervención por parte del Congreso de la República y del Estado sobre las organizaciones de la sociedad civil, las cuales cumplen un rol fundamental en la defensa de los derechos de nuestras comunidades y de las personas en el país.

Foto: Infobae

Grave caso de intoxicación infantil en Puno: Solicitan medidas cautelares ante la CIDH contra el Estado peruano

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Foto: Infobae

Este caso busca exponer ante un organismo internacional cómo la corrupción vulnera los derechos humanos de niños y adolescentes en situación de pobreza y evitar que su denuncia quede impune.

Lima, 17 de marzo de 2025. — Las organizaciones PROÉTICA, Capítulo Peruano de Transparencia Internacional, e IDEH ILLARIY, Instituto de Derechos Humanos ILLARIY, han presentado el jueves 6 de marzo de este año una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de 23 niños, niñas y adolescentes de la comunidad campesina de Cabana, Puno, quienes fueron intoxicados por alimentos en mal estado suministrados a través del Programa Nacional de Alimentación Escolar “Qali Warma” – ahora denominado “Wasi Mikuna”.

El 25 de marzo de 2024, varios menores de la institución educativa Gamaliel Churata fueron hospitalizados tras presentar cuadros severos de intoxicación. Las primeras pesquisas a cargo de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) concluyeron que la causa había sido el agua empleada para preparar los alimentos. Sin embargo, investigaciones posteriores demostraron que los funcionarios de la DIRESA recibieron sobornos a cambio de alterar los informes y así proteger a Frigoinca, empresa contratada por Qali Warma para suministrar los alimentos en dicha región.

La evidencia mostró que Frigoinca distribuyó alimentos contaminados con carne en descomposición, gusanos y excrementos de roedores, lo que causó la intoxicación de los menores. Pese a haber transcurrido un año del lamentable suceso, los afectados siguen padeciendo secuelas físicas y emocionales sin haber recibido atención médica oportuna ni adecuada, mientras que sus familias han sido revictimizadas y estigmatizadas por las propias instituciones estatales. Algunas han sido forzadas a desplazarse debido a la presión social y el abandono gubernamental.

Este caso expuso una red de corrupción sistémica dentro del programa estatal de alimentación escolar y fue el punto de partida de otras denuncias de pago de sobornos para la adjudicación de contratos y la distribución de productos en mal estado en escuelas de otras regiones, resultando afectados millones de menores en situación de vulnerabilidad y pobreza.

Las organizaciones solicitantes exigen que la CIDH, inste a través la medida cautelar MC-269-25, al Estado peruano a adoptar medidas urgentes para garantizar la salud, integridad y derechos de los niños afectados, asegurar la transparencia y fiscalización del actual programa “Wasi Mikuna” y garantizar justicia para las víctimas de esta grave vulneración de derechos humanos. Este caso es representado ante este organismo internacional de justicia por el abogado especialista en litigación internacional ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Juan Pablo Olmedo Bustos.

Comunicado | Grave amenaza a la sociedad civil: Ley anti ONG restringe la libertad y los derechos fundamentales

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Expresamos nuestra preocupación y nuestro rechazo frente a la aprobación por el Congreso de la modificación la Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Es evidente que su finalidad es imponer mayores controles sobre las organizaciones no gubernamentales (ONG), lo que, dado que estas ya están sujetas a regulación y control, constituye una amenaza directa a la libertad y los derechos fundamentales de asociación, expresión, opinión y participación ciudadana.

Las ONG son organizaciones no lucrativas que trabajan en la promoción del bienestar de las personas y la defensa de la libertad y los derechos fundamentales, respetando el ordenamiento jurídico vigente y, por lo tanto, sujetas a la supervisión de la APCI y las autoridades de la administración tributaria y del sector trabajo, entre otras. No es cierto que actúan fuera del marco legal y mucho menos en contra de los intereses del país. Además, cualquier persona jurídica que actúe contra la ley, incluyendo las asociaciones que funcionan como ONG, puede ser investigada y procesada conforme a la legislación vigente, para determinar su responsabilidad penal y la de quienes las dirigen o trabajan en ellas.

Nos preocupa de manera especial la disposición que califica como falta muy grave accionar contra el Estado en las vías administrativas y judicial, porque impide que las asociaciones ejerzan la representación legal de las personas y las comunidades frente a casos de violaciones de derechos humanos, actos de corrupción y, entre otros, de afectación del medio ambiente y su entorno social, en contra de lo que establecen las normas constitucionales en materia de las libertades y los derechos de asociación, expresión, opinión y participación ciudadana, y bajo amenaza de aplicarse sanciones demoledoras que lindan con lo confiscatorio, con la finalidad de inmovilizar o liquidar a las asociaciones cuya causa esencial es defender los derechos de quienes, por falta de recursos, no tienen la posibilidad de hacerlo frente a la corrupción, la indiferencia y el abuso. Asimismo, es muy preocupante que, sin mayores precisiones, se califique como falta grave el «hacer uso indebido de recursos», abriendo un espacio indeterminado como ámbito discrecional de los funcionarios encargados de llevar a cabo tal calificación.

Nuestro país necesita que se fortalezca la institucionalidad, se fomente el respeto mutuo entre los ciudadanos, se promueva y defienda la libertad y los derechos fundamentales y se garantice la participación ciudadana organizada y libre, sea en forma individual o asociada.

La aprobación de regulaciones interventoras no solo no contribuye a esos objetivos, sino que los contradice y pone en riesgo valores esenciales, instaurando una política de persecución estatal superlativa, que debilita aún más el Estado de derecho y nuestra institucionalidad democrática. Las ONG no son órganos estatales, sino entidades privadas. Se ubican en el espacio de la ciudadanía y, por sus fines, pueden desarrollar actividades dirigidas a contener el abuso del poder, el olvido estatal, la violación de los derechos humanos, la crisis ambiental y, entre otras posibilidades, la corrupción que nos agobia.

El Congreso ha adoptado varias decisiones destinadas a controlar o mediatizar a los otros poderes estatales y a los organismos constitucionalmente autónomos, y ahora ha dirigido su ánimo controlador hacia las organizaciones que, desde la sociedad y la ciudadanía, representan el único medio de contención frente a todo aquello que nos hace daño como colectividad.

Lima, 13 de marzo de 2025.