Jorge Medina y Walter Albán, ocuparán el cargo de Presidente y Director Ejecutivo, respectivamente, de PROÉTICA.

El empresario Jorge Medina y el jurista Walter Albán, fueron nombrados Presidente y Director Ejecutivo, respectivamente, de PROÉTICA, el consorcio anticorrupción integrado por la Asociación de Exportadores (ADEX), la Comisión Andina de Juristas, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y la Asociación Civil Transparencia.

PROÉTICA, fundada en el 2002, es el Capítulo Peruano de Transparencia Internacional, un movimiento global cuya visión es un mundo en el que gobiernos, empresas y ciudadanos trabajen juntos para mitigar los efectos perversos de la corrupción, la cual atenta contra el desarrollo económico, social y humano de las naciones.

Los nombramientos de Medina y Albán se produjeron al cabo de una intensa jornada de análisis sobre la compleja problemática de la corrupción en nuestro país, en la que además de los asociados de PROÉTICA, participaron también expertos, empresarios y altos funcionarios públicos. El proceso estuvo dirigido por Adrián Revilla, presidente saliente de la institución.

Próximamente PROETICA presentará iniciativas de políticas públicas efectivas, que mejoren la transparencia y la rendición de cuentas, reforzando la ética pública y privada en el Perú. Para ello, esta institución buscará concertar con amplios sectores empresariales, políticos y sociales.

Los asociados de PROÉTICA reconocen muy especialmente la importante labor de Cecilia Blondet, Directora Ejecutiva saliente, quien dirigió la institución desde el 2006.

Jorge Medina Méndez ha sido CEO de EY Perú y Regional Managing Partner de EY para Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Asimismo, ha sido presidente del Comité de Transparencia e Integridad Empresarial del Directorio de Perú2021 y del Comité de Ética del Directorio de IPAE Acción Empresarial. Entre sus otros cargos ejercidos, están el haber sido Presidente del Instituto Peruano de Auditores Independientes (IPAI) y miembro de los consejos Directivo y Ejecutivo de la CONFIEP, entre otros gremios profesionales y empresariales. Actualmente es miembro de la Asamblea de la Asociación Civil Transparencia y del Directorio de Endeavor Perú; también forma parte de los consejos consultivos de las escuelas y programas de negocios de las universidades Pacífico, UPC y Adolfo Ibáñez School of Management de Miami, entre otras organizaciones.

Walter Albán Peralta es profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde actualmente es Director de la Maestría con mención en Política Jurisdiccional y ha sido Decano de la Facultad de Derecho. Ejerció las funciones de Defensor del Pueblo entre los años 2001 y 2005, habiéndose desempeñado también como Embajador del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y Ministro del Interior. Ha sido miembro del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana y del Jurado de los premios para las Buenas Prácticas en la administración pública, que organiza anualmente la institución Ciudadanos al Día (CAD). Entre sus otros cargos anteriores, se incluyen el haber sido Jefe del Departamento Jurídico de la Comisión Episcopal de Acción Social de la Iglesia Católica Peruana, y director adjunto de la Comisión Andina de Juristas.

Adrián Revilla

Presidente de PROÉTICA

 

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El 16 de diciembre del 2014, Proética (capítulo peruano de Transparencia Internacional, institución que lucha contra la corrupción) decidió suspender su participación en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) por considerar una falta de coherencia que el doctor Carlos Ramos Heredia, como fiscal de la Nación, estando cuestionado públicamente en su actuar por el Congreso y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), integre la instancia nacional que debe velar por la transparencia y la lucha contra la corrupción. Luego de la suspensión ordenada por el CNM, Proética decidió retomar su participación en la CAN.

Acciones como las de Proética faltan en nuestro país, donde, por un equivocado concepto de tratar de quedar bien con todos, no se toman decisiones firmes frente a quienes atentan contra los principios y valores de una sociedad democrática. Por ello, en la edición 2014 del Índice de Percepciones de Corrupción de Transparencia Internacional, el Perú se ubica en el puesto 83, con un valor de 38 puntos. Si nos comparamos con otros países de la región, aparentemente quedamos entre los mejores, pero “mal de muchos consuelo de tontos”, pues la mejor calificación posible de 100 puntos está muy lejana. En realidad, tenemos una nota desaprobatoria, peor aun si tenemos en cuenta que desde hace más de una década aparecemos con una nota similar sin visos de mejoría.

Entre el 2002 y el 2013, se dio una preocupación creciente por la corrupción que afecta al Estado, pero a su vez una tolerancia a actos de corrupción en trámites menores, así como una grave tasa de no formalizar denuncias que se conocen. En efecto, de cada diez peruanos que participaron o se vieron afectados por un acto de corrupción, solo uno se atrevió a denunciarlo.

Entre las razones señaladas por los encuestados para no hacerlo confluyen el temor a las represalias por los denunciados y la creencia de que el soborno es el camino para superar las trabas burocráticas. Mientras muchos trámites dependan de la discreción de un funcionario, los incentivos para buscar agilizarlos serán altos.

Además, nos encontramos en un contexto que viene marcado por una seguidilla de escándalos, desencadenados en febrero del 2014 con el caso de César Álvarez y que mostró cómo las irregularidades y abusos se daban de forma extendida en los niveles de gobierno regional y municipal, salpicando incluso al ámbito nacional. En medio de los destapes, la procuraduría anticorrupción informó que 92% de los alcaldes del país estaban bajo investigación. Meses después, en las recientes elecciones, se ha elegido a presidentes regionales con acusaciones de corrupción, incluso algunos con prisión preventiva o que no pagaron su reparación civil. Esto nos demuestra que las áreas más afectadas tienen que ver con las adquisiciones públicas y las ejecuciones de obras públicas. Si a esto se suma la práctica de la corrupción en trámites menores y, por otro lado, la presencia cada vez más perturbadora de actividades criminales vinculadas al contrabando, tráfico de madera ilegal, tráfico de personas, narcotráfico y minería ilegal, se tiene un mapa más o menos claro de qué retos enfrentamos como país en esta materia.

Con el actual gobierno, el Estado Peruano recuperó la capacidad de plantear iniciativas para luchar contra la corrupción: se reanimó y fortaleció la procuraduría anticorrupción, se estableció un espacio de coordinación interinstitucional de alto nivel de las políticas anticorrupción (CAN) y se decidió participar de la Alianza Global para un gobierno abierto. Además, se relanzó la política de modernización de la gestión pública y, más importante, se articuló esta con buena parte de los esfuerzos señalados.

Sin embargo, el mencionado contexto de escándalos ha empañado todos esos esfuerzos, con el agravante que el Gobierno no ha sabido reaccionar con propiedad, enrareciendo más aun el ambiente, pues se ha extendido la sensación de que estamos a la deriva, a merced de poderes corruptos que amenazan desde todos lados. Es fundamental por ello que se retome el liderazgo y que se saneen las relaciones que echan sombra en las más altas esferas para que quede clara la ruta en materia anticorrupción, transparencia y modernización del Estado.

[Silla vacía del representante del Gobierno peruano durante reunión en la OGP en San José, Costa Rica]

La Alianza para el Gobierno Abierto amonestó al Perú por el incumplimiento en la presentación del Plan de Acción 2014 -2016.

Después de haber sido considerado ejemplo y emblema de la transparencia y el gobierno abierto, el Gobierno peruano ha perdido liderazgo e interés en esta materia. La segunda versión del Plan de Acción de Gobierno Abierto del Perú esta lista y terminada, debió presentarse en Junio de este año y aun no se presenta.

Para su elaboración se hicieron talleres descentralizados en Piura, Lima, San Martín y Ayacucho en los que participaron las instituciones del Estado nacional y subnacional y la Sociedad Civil y como resultado de este esfuerzo conjunto, se logró un texto consensuado en el que se recogían las lecciones aprendidas y los problemas del primer Plan de Acción. No era perfecto pero era un plan para seguir avanzando en esta tarea de la transparencia y del gobierno abierto.

Entre los principales compromisos que se acordaron fueron:

– La creación de una Autoridad Autónoma de Transparencia y Acceso a la Información con capacidad punitiva.

– La creación de un Registro Nacional de Usuarios afiliados a Programas sociales o de subsidios del estado.

– La aprobación de una normatividad para la participación de ciudadanos en los acuerdos plenarios de la Corte Suprema.

– El rediseño del proceso de rendición de cuentas de las entidades públicas apoyada en TICs.

– La elaboración de una norma técnica, estrategias y una metodología para la apertura de datos de la administración publica. Interoperabilidad de las bases de datos del Estado.

– Cursos de Ciudadanía Digital.

En la carta que ha enviado el Consejo Directivo del OGP se le llama la atención a la PCM y al Perú, se entiende, y se le da un nuevo plazo para presentar su segundo plan de acción hasta el 01 de enero del 2015. Además, el CD del OGP le pide implementar los compromisos incluidos en ese documento y publicar las evaluaciones que se realicen para evitar una revisión de criterios de parte del Subcomité de normas de AGA, hecho que pondría en riesgo la participación de Perú en esta importante alianza internacional.

Carta de OGP by Proética on Scribd

Esperamos que la responsabilidad de Gobierno Abierto en Perú, que recae en la Presidencia de Consejo de Ministros, muestre noticias positivas y de gestión inmediata respecto a este compromiso internacional y con los peruanos en favor de la integridad y modernización del Estado Peruano.

A propósito del Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para un Gobierno Abierto que se realiza en Costa Rica, Transparencia Internacional (T.I) elaboró un gráfico sobre los niveles de corrupción en los sectores públicos de los 64 países que conforman la Alianza para un Gobierno Abierto y que en estos momentos participan de la #OGPSanJose.

En este gráfico podemos observar que los países más cercanos a la escala del 100 son considerados como los más “limpios de corrupción”, mientras que los más cercanos a la escala 1 son denominados como “altamente corruptos”. Tanto Nueva Zelanda como Dinamarca comparten el primer puesto de los países con los sectores públicos más limpios de corrupción.

Todos estos datos fueron extraídos de un estudio más amplio elaborado por TI denominado “Indice de Percepción de la Corrupción 2013” que incluyó a 177 países, entre ellos el Perú. Aquí lo puedes ver completo:

 

CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2013 by Proética on Scribd

A pesar de que el Estado peruano manifestó su interés en formar parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, este martes en el inicio del Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto, ningún representante del Gobierno del presidente Ollanta Humala estuvo presente durante la discusión sobre el plan de acción que implementará nuestro país en relación a este tema. Un hecho bastante lamentable y que pone en duda el verdadero compromiso que había asumido el Ejecutivo.

“Fue una tremenda vergüenza. El único país que faltó después de haber sido un caso considerado como emblemático […] Si queremos entrar a OECD y trabajar con Mexico, el gobierno tiene que firmar y aceptar la Alianza para el Gobierno Abierto. ¿Por qué esperan a que nos amonesten para hacerlo? No entiendo cuál es el miedo y porqué la resistencia”, expresó la Directora Ejecutiva de Proética, Cecilia Blondet a través de su cuenta de Facebook.

Como se sabe, la Alianza para el Gobierno Abierto es una plataforma internacional de países interesados y comprometidos en asumir acciones para mejorar sus niveles de transparencia y rendición de cuentas, participación ciudadana y colaboración entre entidades públicas y sociedad civil.

El Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto es un espacio para reconocer las buenas prácticas y reformas exitosas realizadas sobre Gobierno Abierto en América Latina, así como para establecer alianzas, dialogar y discutir sobre los desafíos y establecer mecanismos regionales de apoyo e intercambio en ese sentido.

La Alianza para el Gobierno Abierto, cuenta actualmente con 17 países de América que se han comprometido a realizar reformas de Gobierno Abierto en estrecha coordinación con la sociedad civil; estos países, así como otros que aún no forman parte de la Alianza, están avanzando en la búsqueda de más transparencia, participación ciudadana, colaboración y rendición de cuentas en la gestión de sus gobiernos.

La Directora Ejecutiva de Proética, Cecilia Blondet y el Sub Director de Proética, Samuel Rotta participan en estos momentos del evento. Blondet será parte del panel “Alcances y Resultados de OGP en América Latina” que se realizará este miércoles a la 1:15 de la tarde (hora peruana). En tanto, Rotta presentará la propuesta sobre los estándares e indicadores de Gobierno Abierto desarrollados por Transparencia Internacional durante el panel “¿Medir o no medir? Gobernanza abierta: estándares y métrica” a las 2:45 de la tarde.