Proética: “Concederle asilo a Alan García sería un retroceso gravísimo en la lucha contra la corrupción en la región”

Ante el pedido de asilo solicitado por el ex presidente Alan García a la embajada de Uruguay en Lima, luego de que el Poder Judicial dictara contra él 18 meses de impedimento de salida del país, como parte de la investigación por los presuntos delitos de lavado de activos y colusión, el Director Ejecutivo de Proética, Samuel Rotta Castilla, advirtió que si el gobierno de Tabaré Vásquez le concede la protección diplomática al ex presidente peruano, se daría un retroceso muy grave en la lucha contra la corrupción en Sudamérica.

“Es claro que en el Perú no hay ningún elemento para sostener el argumento de la persecución política. Lo que sí hay es un intento grosero de obstruir la justicia peruana, pues se trata sólo de una medida cautelar para asegurar la investigación, teniendo en cuenta que García radica en el extranjero, independientemente que sea declarado inocente o culpable, lo que se decidirá al final de un proceso realizado por jueces independientes”, dijo el representante de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional.

Cabe recordar que hay obligaciones internacionales que deben ser honradas. Entre ellas, el Compromiso de Lima: Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción, el cual fue adoptado por los gobiernos de nuestro continente durante la VIII Cumbre de las Américas, realizada en nuestro país en abril de este año. El acuerdo número 37 de este documento indica que los países promoverán “la más amplia cooperación entre las autoridades judiciales, policías, fiscalías, unidades de inteligencia financiera y autoridades administrativas, en las investigaciones y procedimientos relacionados con los delitos de corrupción, lavado de activos, cohecho y soborno transnacional».

Esta disposición está en sintonía con instrumentos normativos ratificados por ambos países como la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, las cuales han sido ratificadas por Perú y Uruguay.

“Esperamos que el gobierno uruguayo, así como está revisando los compromisos internacionales sobre asilo, también tome en cuenta los dispositivos normativos sobre lucha contra la corrupción en la valoración que está haciendo, de forma tal que no permita que uno de los más notorios investigados por el caso más grande de corrupción de América Latina de los últimos tiempos, obtenga una protección diplomática que pondría en riesgo la llegada de la justicia” señaló Rotta Castilla.

Concluyó invocando a las organizaciones y ciudadanía uruguayas a mantenerse atentas y a no permitir que su gobierno afecte negativamente la reputación de país comprometido con la lucha contra la corrupción que lo acompaña, de acuerdo con las distintas mediciones internacionales sobre este tema.

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