Organizaciones indígenas, instituciones públicas y especialistas analizaron los riesgos que enfrentan los corredores territoriales Yavarí Tapiche y Pano Arawak ante el avance de actividades ilegales y las debilidades en la protección de estos territorios.
Lima, 6 de octubre de 2026.- El avance de las economías ilícitas, la deforestación y la apertura de vías informales representan amenazas crecientes para los territorios de los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) en la Amazonía peruana. Frente a este escenario, representantes de organizaciones indígenas de Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Huánuco y Cusco, instituciones públicas y especialistas se reunieron en Lima para analizar los riesgos que enfrentan los corredores territoriales Yavarí Tapiche y Pano Arawak, así como los desafíos para garantizar su protección.
El encuentro, organizado por Proética, Capítulo Peruano de Transparencia Internacional, en el marco del taller “Riesgos y amenazas de la gobernanza territorial en un contexto de protección de los Corredores PIACI”, permitió examinar información geoespacial sobre deforestación, apertura de vías informales y presencia de actividades vinculadas a la tala ilegal, el narcotráfico y la minería aurífera. Estas presiones ponen en riesgo la integridad de los territorios indígenas y la supervivencia de poblaciones especialmente vulnerables, al tiempo que evidencian los desafíos de la respuesta estatal frente a las economías ilícitas.
“La protección de los corredores territoriales PIACI no puede abordarse únicamente como un problema ambiental. Estamos frente a territorios amenazados por economías ilícitas y redes criminales que aprovechan las debilidades institucionales y los riesgos de corrupción para expandirse. Enfrentar estas amenazas exige fortalecer la vigilancia territorial indígena, mejorar la articulación entre las instituciones del Estado y garantizar la protección efectiva de las reservas y los derechos de los pueblos en aislamiento y contacto inicial”, señaló Magaly Avila, directora adjunta de Proética.
La jornada reunió a líderes y equipos técnicos de organizaciones indígenas de distintas regiones amazónicas, entre ellas la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), el Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU), la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de Atalaya (CORPIAA), la Federación de Comunidades Nativas Asháninkas del Alto Ucayali (FECONASHI) y la Asociación de Nativos Asháninkas de la Cuenca del Alto Yurúa y San Alejandro (ACONADIYSH).
Durante el encuentro, las organizaciones indígenas y los especialistas intercambiaron información y perspectivas sobre las amenazas que afectan estos corredores territoriales, poniendo de relieve la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, monitoreo y respuesta institucional, así como la participación de las organizaciones representativas indígenas en las decisiones relacionadas con la protección de sus territorios.
El taller incluyó un panel especializado sobre los desafíos institucionales y las perspectivas de protección de los PIACI, con la participación de la Dra. María Paripancca, representantes de la Coordinadora de Derechos Humanos y Uso de la Fuerza del Ministerio Público y Beatriz Huertas, especialista en derechos y políticas de protección de pueblos indígenas en aislamiento. Asimismo, participó Maira Chagua, en representación del despacho del congresista Luis Ángel Jibaja Ramos.
También estuvieron presentes representantes del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), el Instituto de Defensa Legal (IDL), Rainforest Foundation US, así como medios de comunicación como Epicentro TV.
La protección de los corredores territoriales PIACI requiere una respuesta articulada frente a las economías ilícitas, la corrupción y los delitos ambientales que amenazan la Amazonía. Para Proética, fortalecer la gobernanza territorial y garantizar una actuación efectiva del Estado, en coordinación con las organizaciones indígenas, es fundamental para prevenir nuevas afectaciones y salvaguardar la vida, los territorios y los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial.
