En la selva peruana, organizaciones indígenas, academia, periodistas y sociedad civil advirtieron que la corrupción permite a las economías ilícitas penetrar instituciones, controlar territorios e ingresar a los mercados nacionales e internacionales.
Pucallpa, 24 de julio de 2026.- François Valérian, presidente de Transparency International (TI), llegó a Pucallpa para escuchar directamente a organizaciones indígenas, personas defensoras de derechos humanos, academia y periodistas y representantes de la sociedad civil que enfrentan la expansión del narcotráfico, la minería y tala ilegal, el tráfico de tierras y otras actividades criminales en la Amazonía peruana.
Se trata de la primera misión oficial de la presidencia de TI a territorios amazónicos, una señal de la creciente importancia de la Amazonía para el movimiento anticorrupción global.
Durante el Diálogo Amazónico de Alto Nivel sobre Corrupción, Gobernanza y Economías Ilícitas, organizado por Proética, capítulo peruano de Transparency International, las organizaciones participantes alertaron que la crisis amazónica no es únicamente ambiental, la expansión de las economías ilícitas, la captura de instituciones, el debilitamiento de la justicia y la violencia contra quienes defienden los territorios amenazan directamente la democracia y el Estado de derecho.
“Las economías ilícitas no avanzan únicamente por la ausencia del Estado. Necesitan a la corrupción para obtener documentos para transportar, comercializar, extender permisos, conocer operativos, controlar rutas, ingresar recursos ilegales en cadenas comerciales y asegurar protección e impunidad. Por eso, combatir el crimen organizado sin enfrentar la corrupción es atacar solo una parte del problema”, señaló Magaly Avila, directora del Programa de Gobernanza Ambiental de Proética.
Las cifras presentadas durante el encuentro muestran que no se trata de actividades aisladas en zonas remotas. Las cadenas del narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal y el contrabando operan en las 24 regiones del Perú y movilizan aproximadamente US$7.500 millones anuales, equivalentes a más del 3 % del producto bruto interno nacional, según estimaciones del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia.
Solo el mercado del oro ilegal generaría alrededor de US$4.400 millones al año. Hasta septiembre de 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera había acumulado reportes por aproximadamente US$3.600 millones en operaciones sospechosas vinculadas con la minería ilegal.
Estas economías emplean directa e indirectamente a alrededor de 1,4 millones de personas, equivalentes al 8,6 % de la población económicamente activa. Esta dependencia convive con un amplio reconocimiento del problema, el 94 % de la ciudadanía considera que la corrupción está vinculada con las economías ilícitas, y un 41 % sostiene que estas actividades representan la única alternativa laboral para algunas personas en sus regiones, de acuerdo con la XIII Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción de Proética (2025).
El encuentro reunió a representantes de organizaciones indígenas, de derechos humanos, ambientales, de mujeres, academia, medios de comunicación y entidades locales, entre ellas el Instituto de Defensa Legal (IDL); Kené, Instituto de Estudios Forestales y Ambientales; la Agencia de Investigación Ambiental (Environmental Investigation Agency); la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales en el Perú (IRI Perú); el Movimiento Manuela Ramos; la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de Ucayali; la Municipalidad Distrital de Masisea; la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía; Sálvame; Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP); la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU); la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (FECONAU); la Coordinadora de Derechos Humanos de Ucayali; la Red Anticorrupción Forestal de Ucayali; la Red de Comunicadores Indígenas del Perú; Radio Televisión Shipibo; Proética y Transparency International.
Las organizaciones participantes advirtieron que estos recursos permiten financiar redes de protección, influir en la toma de decisiones públicas y capturar normas, presupuestos e instituciones. También alertaron sobre la penetración de organizaciones criminales nacionales y extranjeras en territorios donde la presencia del Estado se ha debilitado.
El diálogo se produjo en un contexto marcado por reformas legales que reducen la capacidad estatal para investigar el crimen organizado, recuperar activos ilícitos y sancionar la corrupción. Entre ellas se encuentran los cambios a la legislación sobre crimen organizado y extinción de dominio, las sucesivas ampliaciones de la formalización minera y las modificaciones a la legislación forestal.
También se expresó preocupación por la Ley APCI, debido a las restricciones, sanciones e incertidumbre que genera para organizaciones que representan a víctimas, comunidades indígenas, mujeres y personas defensoras. Los participantes advirtieron que el hostigamiento y debilitamiento de la sociedad civil deja sin contrapesos al poder político y reduce la vigilancia en los territorios.
La falta de transparencia agrava este escenario. Un estudio de Proética sobre declaraciones juradas de intereses en la gestión forestal encontró niveles de cumplimiento de apenas 11 % en el Gobierno Regional de Ucayali, 4 % en Loreto y 19 % en Madre de Dios durante el periodo analizado.
Las organizaciones indígenas y de derechos humanos expusieron casos de invasión de territorios, deforestación, cultivos ilícitos y proyectos extractivos o de infraestructura que avanzan sin controles suficientes. También alertaron sobre el aumento de la conflictividad, la violencia contra las mujeres, la explotación sexual de niñas y adolescentes y las amenazas contra quienes denuncian estas actividades. Manifestaron que los ataques buscan eliminar o desplazar liderazgos, reducir las denuncias, fragmentar las comunidades y facilitar el control criminal del territorio. Frente a ello, las organizaciones demandaron recuperar la capacidad de la justicia para investigar y sancionar, fortalecer los espacios de participación indígena y articular una estrategia común de incidencia nacional e internacional.
Valérian destacó la importancia de escuchar directamente a los actores amazónicos y fortalecer la cooperación internacional para seguir la ruta del dinero ilícito, garantizar la trazabilidad de las cadenas comerciales y evitar que las organizaciones que denuncian corrupción queden aisladas.
El Dialogo cerró con el compromiso de articular esfuerzos entre organizaciones indígenas, sociedad civil, medios de comunicación, academia y aliados internacionales, y de llevar las alertas y propuestas de los territorios a la agenda global de Transparency International, presente en más de cien países.
Lo que ocurre en la Amazonía no se queda en la Amazonía. El avance del crimen organizado, la corrupción y el debilitamiento de los controles democráticos afectan a todo el país y exigen una respuesta que trascienda sus fronteras.
