Bogotá, 5 de noviembre de 2025. Durante el panel “Movilizar la conversación”, realizado en el marco del evento de cierre del Proyecto “Cuando la corrupción contamina. Integrando la lucha anticorrupción en la acción climática y ambiental” implementado por Transparencia por Colombia, la directora de Gobernanza Ambiental de Proética, Magaly Avila, advirtió que la corrupción vinculada a la gestión ambiental ha dejado de ser un fenómeno administrativo para convertirse en un sistema estructural de criminalidad económica que facilita la degradación de los ecosistemas y el control territorial por redes de economías ilícitas.
“Hoy la corrupción no solo facilita la deforestación o el tráfico de recursos naturales: la organiza, la protege y la financia. En la práctica, se ha convertido en el sistema operativo que sostiene economías ilícitas como la minería ilegal, la tala, el narcotráfico o el tráfico de fauna”, sostuvo Avila.
Durante su intervención, la especialista subrayó que este fenómeno debe entenderse como parte de un crimen ambiental transnacional, en el que confluyen la depredación de recursos naturales y la criminalidad económica. Destacó además que los flujos de oro o madera de origen ilegal se entrelazan con el comercio formal y las finanzas globales, lo que exige mecanismos internacionales de trazabilidad y cooperación judicial.
“El oro extraído ilegalmente en Madre de Dios o Guainía puede terminar en mercados europeos o asiáticos; la madera amazónica se legaliza con documentos falsificados, y los flujos financieros ilícitos se mezclan con operaciones legales del comercio internacional. Por eso, la corrupción ambiental es un problema de soberanía institucional y de gobernanza democrática”, explicó.
Avila enfatizó que los delitos ambientales se ubican ya entre los tres crímenes más rentables del mundo, casi en paralelo al narcotráfico y la trata de personas, y que su combate requiere respuestas coordinadas y transnacionales.
Finalmente, señaló que, según Global Witness, Colombia fue el país más letal del mundo para los defensores ambientales en 2023, con 79 asesinatos registrados, y más de 460 entre 2012 y 2023.
La especialista propuso tres ejes estratégicos para avanzar en la integración entre la agenda ambiental y la anticorrupción:
- – Institucionalizar la integridad ambiental, con mecanismos de trazabilidad financiera y meritocracia en el sector.
- – Fortalecer la acción territorial y la vigilancia social, combinando tecnología, transparencia y protección a defensores.
- – Abordar la corrupción ambiental como fenómeno transnacional, mediante cooperación judicial y financiera amazónica.
“No hay sostenibilidad posible en territorios donde el crimen y la corrupción deciden quién explota, quién calla y quién muere”, concluyó.
