Lima, 29 de septiembre de 2025.– Representantes de los 9 grupos principales y actores relevantes de sociedad civil participaron en la Reunión Consultiva Regional de Grupos Principales y Actores Relevantes de América Latina y el Caribe (#LAC4Governance), con el objetivo de elab
orar una declaración conjunta que será presentada en la XXIV Reunión del Foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, a realizarse en Lima los días 1 y 2 de octubre.
El Foro, establecido en 1982 y compuesto por los 33 países de la región, es el espacio político más antiguo e importante de cooperación ambiental en América Latina y el Caribe. Allí los gobiernos definen prioridades regionales y coordinan posiciones conjuntas que luego se presentan ante la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA). En esta edición, los temas prioritarios incluyen agua, restauración de ecosistemas, reducción de emisiones y residuos, y fortalecimiento de la acción frente a crisis ambientales interconectadas como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.
En la reunión consultiva previa, la representante de Proética, Magaly Avila planteó la urgencia de que la sociedad civil demande a los Estados incorporar como prioridad política la lucha contra los delitos ambientales y la corrupción que los facilita. Señaló que actividades como la minería y la tala ilegales, el tráfico de tierras, el tráfico de fauna y la pesca no reglamentada se han convertido en la tercera actividad criminal más lucrativa del mundo, después del narcotráfico y la trata de personas. “Estos delitos destruyen los bosques amazónicos, contaminan los ríos, ponen en riesgo la biodiversidad y agravan la crisis climática. Además, generan violencia, afectan a pueblos indígenas y vulneran derechos humanos, por lo que deben ser tratados como una prioridad regional y global”, afirmó.
Avila advirtió que la corrupción agrava estas emergencias ambientales y climáticas, debilitando la capacidad de los Estados para prevenir, responder y reparar sus impactos. La falta de transparencia en la gestión pública permite que recursos destinados a la protección ambiental o a la atención de desastres sean desviados, y que quienes cometen delitos ambientales actúen con impunidad. Por ello, propuso que la declaración de la sociedad civil impulse compromisos concretos para incorporar mecanismos anticorrupción y de transparencia en la gestión ambiental y climática.
La declaración elaborada por la sociedad civil será elevada a la XXIV Reunión del Foro, que reunirá en Lima a ministras y ministros de medio ambiente de toda la región, junto a organismos internacionales y actores sociales. Con este aporte, se espera que los gobiernos reconozcan que la corrupción y el crimen ambiental son barreras estructurales para el desarrollo sostenible, y que solo mediante instituciones sólidas, cooperación regional y comercio responsable y transparente se podrá proteger a los ecosistemas y comunidades más vulnerables de América Latina y el Caribe.