Este caso busca exponer ante un organismo internacional cómo la corrupción vulnera los derechos humanos de niños y adolescentes en situación de pobreza y evitar que su denuncia quede impune.
Lima, 17 de marzo de 2025. — Las organizaciones PROÉTICA, Capítulo Peruano de Transparencia Internacional, e IDEH ILLARIY, Instituto de Derechos Humanos ILLARIY, han presentado el jueves 6 de marzo de este año una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de 23 niños, niñas y adolescentes de la comunidad campesina de Cabana, Puno, quienes fueron intoxicados por alimentos en mal estado suministrados a través del Programa Nacional de Alimentación Escolar “Qali Warma” – ahora denominado “Wasi Mikuna”.
El 25 de marzo de 2024, varios menores de la institución educativa Gamaliel Churata fueron hospitalizados tras presentar cuadros severos de intoxicación. Las primeras pesquisas a cargo de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) concluyeron que la causa había sido el agua empleada para preparar los alimentos. Sin embargo, investigaciones posteriores demostraron que los funcionarios de la DIRESA recibieron sobornos a cambio de alterar los informes y así proteger a Frigoinca, empresa contratada por Qali Warma para suministrar los alimentos en dicha región.
La evidencia mostró que Frigoinca distribuyó alimentos contaminados con carne en descomposición, gusanos y excrementos de roedores, lo que causó la intoxicación de los menores. Pese a haber transcurrido un año del lamentable suceso, los afectados siguen padeciendo secuelas físicas y emocionales sin haber recibido atención médica oportuna ni adecuada, mientras que sus familias han sido revictimizadas y estigmatizadas por las propias instituciones estatales. Algunas han sido forzadas a desplazarse debido a la presión social y el abandono gubernamental.
Este caso expuso una red de corrupción sistémica dentro del programa estatal de alimentación escolar y fue el punto de partida de otras denuncias de pago de sobornos para la adjudicación de contratos y la distribución de productos en mal estado en escuelas de otras regiones, resultando afectados millones de menores en situación de vulnerabilidad y pobreza.
Las organizaciones solicitantes exigen que la CIDH, inste a través la medida cautelar MC-269-25, al Estado peruano a adoptar medidas urgentes para garantizar la salud, integridad y derechos de los niños afectados, asegurar la transparencia y fiscalización del actual programa “Wasi Mikuna” y garantizar justicia para las víctimas de esta grave vulneración de derechos humanos. Este caso es representado ante este organismo internacional de justicia por el abogado especialista en litigación internacional ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Juan Pablo Olmedo Bustos.