(Por La República) El Poder Legislativo está obligado a acatar la disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de suspender de inmediato el proceso que se sigue a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) por el caso El Frontón. Si no lo hace, estaría yendo contra la normativa nacional e internacional, advirtió el Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán.
En ese sentido, dijo esperar que la mayoría parlamentaria cumpla con lo resuelto por el organismo supranacional y el proceso al que son sometidos los magistrados del TC en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales quede congelado hasta el próximo 2 de febrero, fecha en que la Corte IDH realizará la audiencia de supervisión del caso El Frontón y evalúe el cumplimiento de su sentencia contra el Estado peruano.
Precisamente, la Corte señaló que el caso de los magistrados del TC le compete porque la decisión que estos adoptaron en el recurso de reposición de ex marinos procesados por ejecuciones extrajudiciales en el Frontón podría incidir en el juicio oral.
El organismo supranacional ordenó al Perú, en el 2000, investigar y sancionar, así como iniciar nuevos procesos a eventuales responsables de las muertes y desapariciones ocurridas durante el motín en El Frontón, en junio de 1986.
Albán, abogado defensor de uno de los procesados, sostuvo que ningún representante del Estado peruano puede desconocer un mandato del sistema interamericano, del cual el Perú forma parte a través de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. “Hacerlo traería consecuencias graves, más aún en el contexto de crisis que vivimos”, sostuvo.
Como se sabe, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recomendó destituir a Eloy Espinosa-Saldaña y suspender a Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Manuel Miranda por supuestamente haber cambiado el fondo de la sentencia del caso El Frontón.
Por su parte, el director del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, advirtió que si el Congreso no cumple con el mandato de la Corte IDH se generaría un “nivel de responsabilidad internacional del Estado”, que el organismo supranacional tendrá que especificar respecto a las consecuencias y acciones que eso conllevaría.
Rivera calificó la disposición de la Corte como un “hecho de carácter histórico”.
“Se cumplirá lo resuelto”
En declaración pública, los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional anunciaron que cumplirán “estricta y escrupulosamente” lo resuelto por la Corte IDH, en cumplimiento de la Constitución Política, que reconoce a los tratados firmados por el Estado como parte del derecho nacional.
19/12/2017