El proceso electoral se ha visto gravemente afectado por irregularidades que requieren una firme investigación y una comunicación transparente y oportuna por parte de las autoridades electorales.
Al no comunicar con claridad, los silencios y la incertidumbre han sido reemplazados por desinformación, que mezcla negligencias con acusaciones de fraude. Con ello, la confianza pública se debilita, se profundiza la polarización y se tensiona el clima democrático.
La renuncia del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aceptada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no resuelve la incertidumbre institucional y legal, por lo que oficializar al funcionario que se hará cargo de la continuidad del proceso debe atenderse con celeridad.
Sigue siendo fundamental agilizar las investigaciones para esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y aplicar sanciones efectivas. Mientras ello ocurre, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debe impulsar la continuidad del proceso electoral, y que los nuevos liderazgos de la ONPE aseguren la adopción de medidas de control y corrección para que los hechos ocurridos no se repitan, y que se garantice al país una segunda vuelta eficaz, ordenada y confiable.
Los actores políticos y la ciudadanía tenemos un rol central en contribuir a un clima de estabilidad que fortalezca la legitimidad de las autoridades electas, condición indispensable para avanzar hacia una etapa de gobernabilidad en el Perú.
Lima, 21 de abril de 2026.