Según se ha anunciado al país, el próximo martes 11 de julio el presidente Pedro Pablo Kuczynski y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se reunirán en Palacio de Gobierno a fin de dialogar sobre temas de interés nacional. Dos son los temas que habrán de abordarse con prioridad y uno de ellos es precisamente el de la lucha contra la corrupción.
En ese sentido, desde Proética hacemos una invocación para que este diálogo permita retomar el compromiso con algunas iniciativas que fueron formuladas durante la campaña electoral, y quedaron registradas en el foro público que nuestra institución organizó en enero del 2016. Además, tales iniciativas fueron recogidas en las recomendaciones que formulara la Comisión Presidencial de Integridad, en el informe que presentó al término de su mandato, en diciembre pasado.
En tal sentido, es importante recordar las principales propuestas formuladas en aquella oportunidad por los entonces candidatos, en materia de la lucha contra la corrupción. Tales propuestas fueron las siguientes:
- Reformar el sistema político y electoral para prevenir el ingreso de recursos de la economía ilegal en la política, incluyendo el impedimento para que personas sentenciadas por delitos de corrupción u otros graves delitos puedan postular a cargos de elección popular.
- Fortalecer, rediseñar y modernizar la Contraloría General de la República, así como el Sistema Nacional de Control.
- Una profunda reforma del sistema de justicia, iniciándola en la total recomposición del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
- Crear un sistema nacional anticorrupción, fortaleciendo también el rol de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN).
- Fortalecer y ampliar las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera.
- Desarrollar y fortalecer una política de transparencia y de gobierno abierto, incluyendo la creación de una efectiva Autoridad Autónoma de Transparencia.
La situación por la que atraviesa nuestro país, hace particularmente trascendente el logro de acuerdos concretos para adoptar políticas de Estado en lo que se refiere a la lucha contra la corrupción. En un contexto de objetiva debilidad institucional del Estado peruano, la sociedad civil demanda el diseño e implementación de políticas que incorporen su participación, para garantizar un resultado exitoso, implementando una estrategia que integre esfuerzos con todos los sectores dispuestos a colocar como primera prioridad para el Perú, una acción decidida contra la corrupción y el crimen organizado.