1. Las últimas informaciones difundidas en diferentes medios locales, en torno a las implicancias en el Perú de las revelaciones hechas por la empresa brasileña Odebrecht ante la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos, han tenido enorme y justificada repercusión. Dada su trascendencia, es preciso exigir que se adopten todas las medidas necesarias para conjurar oportunamente todo riesgo de impunidad.
2. Dicha información nos remite a casi 10 años atrás, involucrando autoridades peruanas del más alto nivel a lo largo de la gestión de los tres últimos gobiernos entre los años 2005 y 2014. La magnitud y alcances de tales hechos de corrupción, superan todo lo expresado hasta el momento y producen no solamente indignación y repulsa, sino profundo dolor por el daño perpetrado al Perú, extendiéndose el mismo al conjunto de la sociedad, pero también a la propia fibra moral del país.
3. Por ello, consideramos indispensable convocar a la ciudadanía a una urgente movilización, manteniéndonos en alerta permanente y exigiendo a nuestras autoridades proceder a la altura de lo que las circunstancias demandan, deponiendo al efecto todo interés ajeno al de conocer a fondo la verdad y actuar en consecuencia a ella.
4. Esperamos una actuación ágil y cautelosa por parte del Ministerio Público, institución a la que debe brindársele todo el apoyo necesario para que, además de continuar con las investigaciones en colaboración con las autoridades jurisdiccionales de Brasil y otros Estados concernidos, se encuentre también en condiciones de hacer frente con éxito a una cuestión ciertamente compleja y en la que, con seguridad, habrán de surgir previsibles presiones y todo tipo de obstáculos.
5. En la misma dirección, exhortamos al Poder Ejecutivo y al Congreso de la República a que, en el más breve plazo, implementen las propuestas anticorrupción de la Comisión Presidencial de Integridad y el Plan 32 de la Asociación Civil Transparencia, cuyos contenidos resultan indispensables para instaurar la máxima transparencia en toda la administración estatal; fortalecer la integridad y la ética en los sectores público y privado; reformular el sistema de contrataciones del Estado bajo tales premisas, así como evitar la corrupción en las obras públicas de infraestructura.
Lima, 24 de diciembre de 2016