A dos meses de iniciada la gestión del Presidente Martín Vizcarra y el Gabinete Ministerial encabezado por el primer ministro César Villanueva, PROETICA, Capítulo Peruano de Transparencia Internacional, considera oportuno reiterar que la lucha contra la corrupción ha de ser la prioridad que permita articular esfuerzos para responder a las legítimas expectativas ciudadanas y revertir las condiciones que nos llevaron a la más reciente crisis política.
Lo hacemos, luego de que la solicitud del Gobierno al Congreso para obtener facultades delegadas en esta materia, resultara decepcionante. Y es que, más allá de anunciar algunas pocas medidas como las de reformar el Código Penal o hacer más eficiente la recuperación de activos provenientes de actividades ilícitas, se advierten preocupantes omisiones en temas que habían sido anunciados como los primeros a incluir.
Luchar contra la corrupción requiere de medidas y decisiones políticas más efectivas que las adoptadas en el último periodo; en tal sentido, y partiendo de lo anunciado hasta el momento, proponemos al gobierno del presidente Vizcarra, lo siguiente:
1. Ampliar la solicitud de facultades legislativas para incluir en ella una norma que otorgue efectiva autonomía y poder a la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, recuperando la propuesta formulada por la Comisión Especial de Expertos creada el año 2016 mediante Resolución Ministerial.
2. Aprobar –en el marco de las facultades legislativas solicitadas- la presentación de una Declaración Jurada de Intereses de forma obligatoria, por parte de todos los altos funcionarios de los tres poderes del Estado y los tres niveles de gobierno: ministros, viceministros, secretarios generales, congresistas, jueces supremos y superiores, gobernadores regionales y alcaldes, así como los titulares de los organismos constitucionalmente autónomos, tal como lo propuso la Comisión Presidencial de Integridad.
3. Respaldar y requerir la pronta aprobación en el Congreso del dictamen por el cual se determina que la Superintendencia de Banca y Seguros se hará cargo de la supervisión y regulación de las cooperativas de ahorro y crédito, a fin de evitar el lavado de dinero a través de estas entidades y proteger así el noble propósito por el cual surgieron.
4. Remitir un proyecto de ley para que el jefe y personal de la Oficina de Control Interno del Congreso de la República sea designado por la Contraloría General de la República, a fin de corregir la norma actual que excluye al Congreso de esta disposición y lo convierte en una isla con privilegios injustificables.
5. Remitir al Congreso de la República un proyecto de ley para tipificar el delito de financiamiento ilegal de la política, elaborado en coordinación con el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Jurado Nacional de Elecciones.
Estos, y otros importantes aspectos contenidos en la Declaración de la última Cumbre de las Américas y en el Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción, demandan un esfuerzo firme y sostenido de las instituciones públicas, los partidos políticos, la sociedad civil, la prensa y los gremios empresariales, pero requieren especialmente del liderazgo del Presidente de la República.
Lima, 29 de mayo de 2018
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