El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia ha declarado fundada nuestra tutela de derechos que reconoce a Proética como parte agraviada en el proceso que involucra a funcionarios públicos en el favorecimiento irregular de proveedores en programas sociales del MIDIS.
El fallo establece con claridad que la corrupción no solo lesiona al Estado, sino que también tiene víctimas reales y directas, como los estudiantes beneficiarios del programa Qali Warma. Asimismo, reconoce que las asociaciones civiles tienen legitimación procesal para defender los intereses colectivos y difusos afectados por estos delitos, en virtud del artículo 94° del Código Procesal Penal, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
De este modo, la Corte Suprema fortalece la lucha contra la corrupción, garantiza el acceso a la justicia y abre el camino para que la sociedad civil pueda participar activamente en la defensa de los derechos de la ciudadanía más vulnerable. Este hecho sienta un precedente de enorme importancia, no solo en el Perú, sino a nivel global.
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