El proceso electoral se ha visto gravemente afectado por irregularidades que requieren una firme investigación y una comunicación transparente y oportuna por parte de las autoridades electorales.

Al no comunicar con claridad, los silencios y la incertidumbre han sido reemplazados por desinformación, que mezcla negligencias con acusaciones de fraude. Con ello, la confianza pública se debilita, se profundiza la polarización y se tensiona el clima democrático.

La renuncia del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aceptada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no resuelve la incertidumbre institucional y legal, por lo que oficializar al funcionario que se hará cargo de la continuidad del proceso debe atenderse con celeridad.

Sigue siendo fundamental agilizar las investigaciones para esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y aplicar sanciones efectivas. Mientras ello ocurre, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debe impulsar la continuidad del proceso electoral, y que los nuevos liderazgos de la ONPE aseguren la adopción de medidas de control y corrección para que los hechos ocurridos no se repitan, y que se garantice al país una segunda vuelta eficaz, ordenada y confiable.

Los actores políticos y la ciudadanía tenemos un rol central en contribuir a un clima de estabilidad que fortalezca la legitimidad de las autoridades electas, condición indispensable para avanzar hacia una etapa de gobernabilidad en el Perú.

Lima, 21 de abril de 2026.

En el marco del proceso electoral 2026, desde Proética, a través del Programa de Gobernanza ambiental, analizamos los 36 planes de gobierno presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones para evaluar cómo abordan la relación entre corrupción, economías ilícitas y crímenes ambientales en la Amazonía.

Los resultados revelan una brecha crítica en la oferta política. Solo 2 de 36 partidos (5.56%) incorporan de manera explícita propuestas que articulan estos tres fenómenos. Un 30.56% presenta coincidencias parciales, recogiendo algunos elementos de forma fragmentada. Sin embargo, el 63.89% no incluye referencias relevantes a esta problemática.

Este dato no es menor, incluso cuando existen menciones, estas suelen ser aisladas, desarticuladas y sin un enfoque integral.

El problema de fondo es más complejo. Las economías ilícitas que operan en la Amazonía, – como la minería ilegal, la tala ilegal o el narcotráfico-, no son solo actividades ilegales, funcionan como sistemas económicos que capturan territorios, se sostienen en redes de corrupción, y generan impactos directos en comunidades, ecosistemas y gobernabilidad.

Pese a ello, la mayoría de los planes de gobierno continúa abordando estos temas de manera sectorial, es decir, por un lado, la corrupción, por otro la seguridad, y por otro el ambiente. Esta fragmentación impide comprender – y enfrentar- el problema en su real dimensión estructural.

Frente a ello, es urgente elevar el estándar del debate público. Hacemos un llamado a:

– Las organizaciones políticas, a incorporar enfoques integrales que conecten corrupción, economías ilícitas y territorio

– Los medios de comunicación, a visibilizar estas brechas en la oferta electoral

– La ciudadanía, a exigir propuestas concretas y coherentes con la magnitud del problema

La Amazonía no puede seguir siendo un tema secundario en la agenda electoral.

INFORME COMPLETO

A pocas semanas de las Elecciones Generales, Proética reunió a candidatos presidenciales, embajadas, gremios empresariales, academia, cooperación técnica internacional, expertos y representantes de la sociedad civil en el evento “Un Perú sin corrupción: Diálogo con candidatos”, espacio en el que se presentó una agenda de doce medidas urgentes para enfrentar la corrupción en el país.

La iniciativa responde a un escenario preocupante: ocho de cada diez peruanos consideran que la corrupción ha empeorado en los últimos cinco años, según la última Encuesta Nacional de Percepciones sobre la Corrupción. Frente a este diagnóstico, Proética impulsó un proceso de diálogo con más de 150 especialistas, entre gremios empresariales, la academia y organizaciones de la sociedad civil durante el 2025, a partir del cual se elaboró la Agenda de Reformas por la Integridad y la Lucha contra la Corrupción.

Durante el evento, Julio Pérez Alván, presidente del Consejo Directivo de Proética, destacó el esfuerzo colectivo detrás de las propuestas y la urgencia de avanzar en reformas estructurales.

“La corrupción roba, abusa, excluye, desintegra y mata. Sin embargo, este no es un espacio de lamento, es un espacio de mucha responsabilidad. Este evento forma parte de una agenda de reformas construida en diálogo con más de 150 especialistas”, señaló.

Por su parte, José Luis Gargurevich, director ejecutivo de Proética, fue el encargado de presentar a los candidatos los principales puntos de la agenda.

Las doce propuestas se organizan en tres bloques de reformas prioritarias. El primero plantea medidas institucionales como la creación de una Autoridad Nacional de Integridad, el reemplazo de la Comisión de Ética del Congreso por un mecanismo autónomo, y el fortalecimiento de la Contraloría y el sistema judicial.

El segundo bloque se centra en enfrentar las economías ilegales, así como en mejorar los mecanismos de supervisión a la Policía y el control del financiamiento de los partidos políticos.

El tercer y último bloque promueve mayores estándares de integridad en el sector privado y el fortalecimiento de mecanismos de denuncia ciudadana anónima.

Proética también advirtió sobre los impactos directos de la corrupción en servicios públicos esenciales. Según la #EncuestaProética2025, el 40 % de los peruanos considera que la corrupción afecta directamente servicios como el de salud, por lo que se planteó la necesidad de incorporar estas reformas dentro de un enfoque de urgencia crítica para el sector salud.

El evento incluyó además un panel titulado “Todos tenemos un rol por la integridad”, con la participación de Mariela García de Fabbri, presidenta de Empresarios por la Integridad; Joanna Kámiche, directora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico; Álvaro Henzler, presidente ejecutivo de la Asociación Civil Transparencia; Alissar Chaker, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el Perú; y Fernando Carvallo, periodista de RPP. La moderación estuvo a cargo de Rafael Fernández Stoll, miembro del Consejo Directivo de Proética.

Durante la jornada también se desarrolló un diálogo directo con los candidatos presidenciales, quienes expusieron sus propuestas para enfrentar la corrupción y reaccionaron a las medidas planteadas por Proética.

En el primer bloque participaron Rafael Belaunde (Libertad Popular), George Forsyth (Somos Perú), Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad) y Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano). En el segundo bloque intervinieron Carlos Espá (SíCreo), Marisol Pérez Tello (Primero Mi Gente) y Wolfgang Grozo (Integridad Democrática).

Los candidatos coincidieron en la importancia de fortalecer las políticas anticorrupción y señalaron que varias de las propuestas presentadas por Proética ya forman parte de sus planteamientos programáticos, comprometiéndose además a evaluar su incorporación en sus planes de gobierno.

Con este evento, Proética busca contribuir al debate electoral promoviendo compromisos concretos para enfrentar la corrupción, un problema que sigue siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y que exige acciones coordinadas entre autoridades, sector privado y sociedad civil para construir un país más íntegro.

El jueves 5 de marzo, Magaly Avila, directora del Programa de Gobernanza Ambiental de Proética participó como panelista en el Foro Técnico: “La minería ilegal e informal en los planes de gobierno 2026–2031”, un espacio de análisis técnico e independiente sobre uno de los desafíos más complejos que enfrenta hoy el país.

Durante su intervención señaló que la minería ilegal no puede analizarse únicamente como un problema ambiental o de informalidad, sino como una industria criminal compleja, integrada a redes ilícitas con capacidad de influir en territorios, instituciones y decisiones públicas.

Un elemento clave del análisis es su dimensión social. Según la Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción de Proética, 4 de cada 10 peruanos consideran que las economías ilegales generan empleo. Esto evidencia cómo estas actividades se han insertado en economías locales, especialmente en territorios amazónicos y fronterizos donde la presencia del Estado es limitada, generando una paradoja: economías que producen violencia y degradación ambiental, pero que también sostienen ingresos para muchas familias.

Por ello, la discusión sobre minería ilegal no puede limitarse a operativos de interdicción. El desafío es estructural: evitar que economías criminales con gran capacidad financiera sigan influyendo o capturando reglas e instituciones públicas.

Finalmente, Avila señaló que el reto para el próximo gobierno será fortalecer la integridad del sistema político, mejorar la trazabilidad de cadenas de suministro como la del oro, reforzar el sistema de justicia y recuperar la gobernanza territorial en regiones donde el Estado enfrenta una fuerte presencia de actores ilícitos.

La minería ilegal plantea un desafío serio para la calidad de nuestra democracia y para la capacidad del Estado de ejercer autoridad efectiva sobre su territorio.

El foro fue organizado por el Observatorio de Minería Ilegal y Actividades Vinculadas en Áreas Clave de Biodiversidad y el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, a través de su Capítulo de Ingeniería Ambiental, con el apoyo del Colectivo PAS.

Las recientes revelaciones difundidas por la prensa sobre el caso de Liseth Marzano obligan a revisar no solo los hechos del accidente, sino también la actuación de los funcionarios públicos responsables de la investigación penal en las horas posteriores.

En cualquier investigación penal —y con mayor razón cuando el hecho tiene como resultado la muerte de una persona— debe observarse estrictamente las normas de nuestro ordenamiento jurídico, a fin de garantizar el debido proceso, la preservación de la prueba y la correcta determinación de los hechos.

Ante un hecho con resultado fatal, corresponde a la Policía y al Ministerio Público:

• Asegurar el lugar del atropello.
• Recoger y registrar los fragmentos o autopartes desprendidas durante la huida.
• Levantar actas.
• Registrar técnica y fotográficamente los daños y evidencias.
• Garantiar la cadena de custodia de todos los elementos materiales.

Si, como se ha señalado públicamente, familiares de la víctima habrían recogido algunas autopartes vinculadas al hecho, corresponde preguntarse por qué esas diligencias no fueron realizadas de manera inmediata por las autoridades competentes. La obligación de identificar, recoger y custodiar los elementos materiales de prueba recae en el Estado.

Las primeras horas de una investigación de este tipo son determinantes. Cuando existen elementos objetivos que permiten identificar a un presunto responsable, las autoridades deben actuar con celeridad y conforme a derecho.

Si la identificación formal se produjo días después, resulta indispensable esclarecer:

1. Qué información estaba disponible en las primeras horas.
2. Qué diligencias concretas se realizaron para identificar al conductor.
3. Si la actuación se ajustó a la diligencia exigida por la normativa procesal.

La debida y oportuna actuación de las autoridades incide directamente en que la investigación penal se realice con eficacia, respeto de las garantías procesales y adecuada determinación de los hechos.

En el debate público se ha mencionado la eventual investigación de agentes por omisión de funciones. Es importante precisar que no toda irregularidad constituye automáticamente un acto de corrupción.

Sin embargo, cuando una omisión funcional implica favorecer indebidamente a alguien, retrasar actuaciones esenciales o permitir la alteración de evidencia, el problema trasciende lo meramente disciplinario y puede comprometer gravemente la integridad pública.

La corrupción no se limita al soborno. También comprende el abuso del poder encomendado para beneficio privado. Si en el presente caso una omisión deliberada estuviera orientada a otorgar trato privilegiado o encubrimiento, estaríamos ante una situación de especial gravedad.

1. Precisar de manera clara y documentada la secuencia cronológica de las actuaciones realizadas por las autoridades desde el momento del hecho.
2. Asegurar la integridad de la cadena de custodia de todos los elementos probatorios.
3. Determinar, de manera imparcial y objetiva, eventuales responsabilidades administrativas o penales que pudieran derivarse.

La legitimidad del sistema de justicia se sostiene en la actuación diligente y transparente de sus autoridades. Cuando existen dudas razonables sobre el cumplimiento de la ley y de los deberes funcionales que de ella emanan, la ausencia de información clara debilita la confianza ciudadana.

La percepción de falta de transparencia o de trato diferenciado alimenta la sospecha de corrupción y desincentiva la denuncia ciudadana. Si se percibe que la actuación de nuestras autoridades no es objetiva ni oportuna, se erosiona la confianza en el sistema de justicia y se profundiza la sensación de impunidad.

Por ello, el esclarecimiento oportuno y la transparencia son indispensables para preservar la credibilidad en nuestro sistema de justicia.

El país decrece de 38 a 30 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) entre los años 2020 y 2025, según el más reciente reporte de Transparencia Internacional. Con este resultado, el país se ubica en el puesto 130 de 182 países evaluados, situándose en el quinto superior de los países con mayor corrupción en el mundo.

La caída del Perú en el ranking global se inscribe, además, en una tendencia preocupante a nivel internacional. En todo el mundo, la lucha contra la corrupción ha ido perdiendo terreno: dos terceras partes de los 182 países evaluados obtienen menos de 50 puntos.

En el continente americano, el panorama no es distinto. El promedio regional de los 33 países es de 42 puntos. De ellos, 12 países han empeorado significativamente en los últimos años. Entre ellos se encuentran Argentina, Canadá, Chile, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Estados Unidos y Venezuela. En contraste, solo dos países de la región han mostrado mejoras: Guyana y República Dominicana.

Un dato revelador del IPC es la correlación directa que demuestran los puntajes de los países con respecto a sus sistemas democráticas. A mayor salud democrática, más puntaje en transparencia de los asuntos públicos. Y ese vínculo que tiene la corrupción con la vulneración de la democracia es la principal amenaza que trae la impunidad a nuestras sociedades.

Las causas del declive son ya conocidas: años de inacción o respuestas insuficientes por parte de los gobiernos para abordar la corrupción han debilitado la democracia y permitido el crecimiento del crimen organizado, con graves impactos en los derechos humanos y la seguridad interna.

La infiltración del crimen organizado en la política y la economía afecta hoy a la mayoría de los países. Impulsado por la corrupción, el auge del crimen organizado en Costa Rica (56) y Uruguay (73, tres puntos menos que en 2024) está debilitando las democracias más sólidas de la región. La corrupción se ha vuelto más sofisticada y opera a través de redes estructurales vinculadas a economías ilegales —como la deforestación, el narcotráfico y la minería ilegal—, a flujos financieros ilícitos transnacionales y al financiamiento opaco de campañas y partidos políticos.

En la región, países con democracias más sólidas, como Canadá (75), Uruguay (73) y Barbados (68), obtuvieron las puntuaciones más altas. Sin embargo, sus avances limitados o recientes retrocesos generan preocupación. En el extremo opuesto, países con altos niveles de represión, instituciones fallidas o cooptadas —como Haití (16), Nicaragua (14) y Venezuela (10)— continúan registrando los peores resultados.

El reporte de Transparencia Internacional señala que en aquellos países donde el acceso a la información y las libertades de expresión y asociación se están deteriorando, así como el espacio cívico se ve más restringido, los niveles de corrupción suben. “En países como El Salvador (32), Perú (30) y Ecuador (33), las leyes limitan el acceso de las ONG a la financiación, obstaculizan sus operaciones o incluso clausuran estas organizaciones que supervisan o exigen cuentas a los gobiernos. Esto suele ir acompañado de campañas de desprestigio e intimidación, así como de hostilidad contra los medios de comunicación independientes, como se observa en Guyana (40). Las consecuencias son la limitación de la supervisión ciudadana y la reducción de la capacidad de la sociedad civil y los periodistas para denunciar abusos y exigir cambios en beneficio del bien común”, señala el reporte.

La corrupción también golpea directamente la calidad de los servicios públicos, con efectos devastadores sobre las poblaciones más vulnerables. En el Perú, la investigación sobre el presunto uso de sobornos en el programa de alimentación escolar Qaliwarma —que habría permitido eludir controles sanitarios y distribuir alimentos contaminados y de baja calidad a niños de familias en situación de pobreza— fue una llamada de atención de cómo la corrupción afecta de manera directa los derechos fundamentales de la ciudadanía.

José Luis Gargurevich, director ejecutivo de Proética, señala que es tiempo de dar soluciones a una situación que, de lejos, para la ciudadanía constituye el principal problema del país, junto con la inseguridad y el crimen organizado.

“Urge en el país una hoja de ruta que nos encamine a frenar la impunidad y asegurar transparencia en las decisiones públicas. Si algo debe ser el eje de un próximo gobierno es enfrentar la corrupción política desde sus vínculos con las economías ilegales, los flujos ilícitos y el financiamiento opaco de los partidos políticos, pero también construyendo culturas de integridad y meritocracia en los puestos más críticos del Estado. El poder político tiene que rendir cuentas a los ciudadanos, y para eso necesitamos un espacio cívico por parte de la sociedad civil que recupere sonoridad y robustez, con vigilancia activa, con generación de evidencias y con involucramiento ciudadanos en las soluciones contra la corrupción”, afirmó.

Desde su creación en 1995, el IPC se ha convertido en el principal indicador mundial de corrupción en el sector público. A partir del año 2012 se reajustó la metodología para permitir su comparabilidad anual y poder darle seguimiento a la evolución de cada país.

El cálculo del índice se basa en la revisión y estandarización de datos de 13 fuentes externas generadas por instituciones multilaterales, fundaciones privadas y think tanks reconocidos globalmente, como el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, The Economist Intelligence Unit, la Fundación Bertelsmann, entre otras.

El IPC debe leerse de forma invertida; es decir, mientras mayor sea su valor (100), menor percepción de corrupción hay en un país. De la misma forma, mientras más se acerca al 0, significa que la corrupción es percibida como más fuerte.

Al menos 277 productos farmacéuticos* de dudosa calidad circulan en los hospitales y farmacias del país. Entre octubre y noviembre de 2025, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) detectó malas prácticas en su fabricación y suspendió su registro sanitario, sin embargo un decreto supremo aprobado el 2023 permite que medicamentos de este tipo sigan ingresando al país indiscriminadamente.

Aprobada en el 2009, la Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios introdujo nuevos estándares para la fabricación e importación de medicamentos. Uno de ellos fue la exigencia del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM), un documento oficial emitido previa inspección y verificación de altos estándares de calidad e higiene en la fabricación de los productos.

Para obtener el registro sanitario, el fabricante podía presentar un CBPM emitido por un país de alta vigilancia sanitaria** o de lo contrario iniciar el trámite para obtener el mismo ante la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM), dependiente de la Digemid. La norma debió cumplirse de inmediato, pero ocurrió todo lo contrario. Aquí la particular historia.

La primera flexibilización se dio en febrero de 2016, cuando el Ejecutivo aprueba un decreto supremo que postergó la aplicación de la ley por tres años, es decir, hasta el 2019. Mientras tanto, se permitió que los fabricantes extranjeros pudieran introducir al Perú sus medicamentos siempre y cuando contaran con un CBPM de su país de origen o sus equivalentes.

El otro requisito fue que el fabricante y/o importador se encontrara en la “cola” del trámite para obtener el CBPM en el fuero nacional. Es decir, que hubiera completado una solicitud con información básica sobre la empresa y el producto farmacéutico a importar, pero que aún no hubiera recibido la inspección ni menos la certificación de los funcionarios de la Digemid a la fecha de la emisión del decreto.

La inspección sanitaria de la DIGEMID se realiza conforme a la guía de inspección vigente desde 2019, e incluye una verificación física de todas las instalaciones, equipos los sistemas donde se desarrollan los medicamentos, así como la verificación de documentos (procedimientos y registros) y el análisis de muestras del producto en coordinación con el Centro Nacional de Control de Calidad del Instituto Nacional de Salud.

Los principales beneficiados con esta prórroga fueron laboratorios de China y la India, fabricantes del 80% de medicamentos genéricos y vacunas en el mundo. Le siguen los laboratorios de Argentina, Brasil y Uruguay, importantes centros de producción de medicinas en la región, además de los provenientes de países europeos periféricos como Grecia y Chipre.

El segundo obstáculo para la aplicación de la ley fue el Decreto Supremo N°018-2020-SA. Tomando en cuenta la paralización de actividades de la Digemid por la pandemia del Covid-19 y previendo un posible desabastecimiento de medicinas en los hospitales y farmacias, el Ejecutivo en el 2020 postergó la aplicación de la norma por un plazo de dos años.

Entonces la “cola” alcanzó un pico que superó los 400 laboratorios sin certificación, es decir, libres de vigilancia. Con la reanudación de sus actividades, la Digemid redujo esta cantidad aunque a un ritmo sumamente lento. Sin la excusa de la pandemia, la entidad comenzó a mostrar problemas estructurales para procesar las solicitudes y certificar a los laboratorios en un plazo razonable (alrededor de 85 días hábiles).

Fuentes consultadas indicaron que el mayor problema es la falta de autonomía presupuestaria de la Digemid. Aunque el viaje y los viáticos corren a cuenta del fabricante, la entidad no cuenta con recursos para contratar a personal especializado para realizar las inspecciones. La Digemid no comparte esta información, pero se calcula que el personal asignado a estas funciones ronda entre los 8 y los 12 profesionales.

Otro escollo es la programación de los viajes. Sin criterios claros al respecto, la Digemid no envía delegaciones según el orden de llegada de las solicitudes. Debido al tiempo que toman los viajes a destinos lejanos como China e India, la entidad suele postergar la visita a sus laboratorios y priorizar las inspecciones dentro de la región. Mientras tanto, las solicitudes de laboratorios de países de Asia siguen en aumento.

Esta situación debió impulsar una reforma integral del sistema, pero a cambio en mayo del 2023 el gobierno de Dina Boluarte y su entonces ministra de Salud Rosa Gutiérrez emitieron el Decreto Supremo Nº 012-2023-SA, por el cual los medicamentos sin CBPM podrán seguir ingresando al país hasta el 2028. La norma favorece al grupo de importadores y fabricantes que aún se encuentran en la “cola”.

Según una revisión efectuada por OLA, desde la emisión del decreto a diciembre de 2025 hay 96 laboratorios que, habiendo presentado una solicitud, todavía no han sido inspeccionados ni certificados por la Digemid. Por lo tanto, pueden comercializar sus productos en el país libres de cualquier vigilancia sanitaria. Encabeza la lista la India (50), al que le sigue la China (12), México (7), Brasil (6) y Argentina (4).

Uno de estos casos es el del laboratorio indio United Biotech (P) Ltd. En el 2016, la Digemid le denegó el CBPM al hallar riesgo de contaminación cruzada y falta de un área segregada para la fabricación de medicamentos no betalactámicos . Droguería Q Pharma S.A.C., la empresa que había tramitado el certificado para importar sus productos al Perú, se vio forzada a suspender su comercialización en el país.

No obstante, en fechas más recientes otras dos empresas peruanas presentaron nuevas solicitudes para certificar a United Biotech (P) Ltd, esta vez para importar polvo de solución inyectable de Ertapand y Lyorpem. La normativa contempla las reinscripciones en el registro sanitario, de modo que las empresas no tuvieron problema en colocar a United Biotech (P) Ltd. en la “cola” de laboratorios pendientes de revisión.

Se mantuvo ahí desde el 2022 hasta fines de 2025, cuando la Digemid suspendió su registro sanitario por sospechas de fabricación defectuosa. En el caso de la Ertapand, un antibiótico indicado para el tratamiento de infecciones bacterianas graves en adultos y niños a partir de los tres meses, la Digemid retiró un lote importado por la Droguería Advance Scientific del Perú al hallarse partículas extrañas en su composición.

De acuerdo con los registros de Aduanas, Advance Scientific del Perú ha incrementado sus importaciones sostenidamente desde el 2021 a la fecha. Solo en el 2024, registró 769 mil dólares en importaciones de productos farmacéuticos de la India, Indonesia, Bangladesh, entre otros. Una significativa porción corresponde al Ertapand, que llegaba al Perú de la India a través de los Estados Unidos.

Otro caso similar es el del laboratorio Health Biotech Ltd – India, importado y distribuido en el Perú por la Droguería Pharmex S.A.C. El laboratorio se encuentra en el Listado Único de Fabricantes de Productos Farmacéuticos pendientes de CBPM desde el 2023. En abril de 2024, sin embargo, el Centro Nacional de Control de Calidad del Instituto Nacional de Salud identificó partículas extrañas en uno de sus medicamentos.

Se trata del Meropex, polvo para solución inyectable prescrito para infecciones en la piel y el estómago. Debido a ello, el lote de medicamentos pasó a ser monitoreado e incluso se evaluó su retiro del mercado. La flexibilidad normativa, sumada a la burocracia de la Digemid, permiten que estos casos se repliquen cada año, poniendo en riesgo la salud de miles de pacientes del sector público y privado.

Por el momento y hasta el 2028, estar en la “cola” se ha convertido en una posición atractiva para empresas que importan medicamentos de dudosa calidad. Al realizar la consulta con expertos, estos aseguraron que dichas empresas no requieren de grandes inversiones para ser competitivas en el mercado local. Debido a la fragmentación de compras en el sector público, importar y vender lotes pequeños de medicamentos puede ser rentable.

*Lista de medicamentos elaborada por el médico Antonio Quispe y verificada por OLA. 

** Los países de alta vigilancia sanitaria son naciones con agencias reguladoras de medicamentos estrictas. La lista se encuentra aquí: https://bvcenadim.digemid.minsa.gob.pe/index.php/enlaces

***OLA solicitó entrevistas con los directores de la Digemin y la ANM, pero hasta el cierre de este informe no dieron ninguna respuesta.

Lima, enero de 2026.– El viernes 16 de enero se realizó el webinar “Poderes y límites del nuevo Congreso: lo que los periodistas debemos saber”, organizado por la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales – IRI Perú, con el objetivo de fortalecer la comprensión del nuevo diseño del Poder Legislativo y su impacto directo en la cobertura periodística de cara a las elecciones generales de 2026.

La ponencia estuvo a cargo de Jossbyn Silvera, especialista legal del Programa de Gobernanza Ambiental de Proética, quien presentó un análisis integral de la reforma constitucional que restablece la bicameralidad en el Perú, aprobada por el Congreso en 2024.

Durante su exposición, Silvera explicó que la bicameralidad no debe entenderse únicamente como un incremento en el número de representantes, sino como un cambio estructural en el funcionamiento del poder legislativo, que introduce una doble instancia de deliberación entre la Cámara de Diputados y el Senado. En ese sentido, enfatizó que el principal impacto de la reforma no es cuantitativo, sino institucional y político, con implicancias directas en la producción de leyes y en el equilibrio de poderes.

El especialista también abordó los límites del nuevo Congreso bicameral, advirtiendo que este modelo no garantiza por sí mismo una mejora en la calidad normativa, ni corrige automáticamente prácticas políticas deficientes, ni elimina los conflictos recurrentes entre el Legislativo y el Ejecutivo. “La bicameralidad funciona como un filtro adicional, pero no como una solución automática a los problemas del sistema político”, subrayó.

Uno de los ejes centrales del webinar fue el rol del periodismo frente a un Congreso más complejo. Silvera destacó que, a partir de 2026, los periodistas deberán cubrir dos elecciones legislativas distintas,- diputados y senadores-, y dar seguimiento a procesos legislativos más largos, técnicos y fragmentados, lo que exige mayor especialización, rigor y responsabilidad en la cobertura para evitar la simplificación del debate público.

El evento formó parte de las actividades de IRI Perú orientadas a promover el debate informado sobre democracia, institucionalidad y sostenibilidad, y contó con la participación de periodistas y comunicadores de todo el país, interesados en comprender los cambios que marcarán las elecciones del 2026.