La amnistía, cuando no tiene el interés genuino de la reconciliación, es un acto que, desde Transparencia Internacional, se atribuye a la corrupción política. Usar las leyes y abusar de la autoridad para otorgar favores o acuerdos que benefician a algunos a expensas de generar daños y precedentes graves es un acto de corrupción.
No se puede permitir que la amnistía permita que un grupo particular de personas se sustraiga de la acción de la justicia porque eso afecta, en primer lugar, el derecho de acceso a la justicia de los perjudicados por los actos amnistiados.
A través de las medidas de control constitucional, es urgente que se invalide la aplicación de una ley que restringe la vigencia de los derechos fundamentales de peruanos cuya afectación se pretende poner en el olvido.
Lima, 10 de julio de 2025