El país decrece de 38 a 30 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) entre los años 2020 y 2025, según el más reciente reporte de Transparencia Internacional. Con este resultado, el país se ubica en el puesto 130 de 182 países evaluados, situándose en el quinto superior de los países con mayor corrupción en el mundo.
La caída del Perú en el ranking global se inscribe, además, en una tendencia preocupante a nivel internacional. En todo el mundo, la lucha contra la corrupción ha ido perdiendo terreno: dos terceras partes de los 182 países evaluados obtienen menos de 50 puntos.
En el continente americano, el panorama no es distinto. El promedio regional de los 33 países es de 42 puntos. De ellos, 12 países han empeorado significativamente en los últimos años. Entre ellos se encuentran Argentina, Canadá, Chile, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Estados Unidos y Venezuela. En contraste, solo dos países de la región han mostrado mejoras: Guyana y República Dominicana.
Un dato revelador del IPC es la correlación directa que demuestran los puntajes de los países con respecto a sus sistemas democráticas. A mayor salud democrática, más puntaje en transparencia de los asuntos públicos. Y ese vínculo que tiene la corrupción con la vulneración de la democracia es la principal amenaza que trae la impunidad a nuestras sociedades.
Las causas del declive son ya conocidas: años de inacción o respuestas insuficientes por parte de los gobiernos para abordar la corrupción han debilitado la democracia y permitido el crecimiento del crimen organizado, con graves impactos en los derechos humanos y la seguridad interna.
La infiltración del crimen organizado en la política y la economía afecta hoy a la mayoría de los países. Impulsado por la corrupción, el auge del crimen organizado en Costa Rica (56) y Uruguay (73, tres puntos menos que en 2024) está debilitando las democracias más sólidas de la región. La corrupción se ha vuelto más sofisticada y opera a través de redes estructurales vinculadas a economías ilegales —como la deforestación, el narcotráfico y la minería ilegal—, a flujos financieros ilícitos transnacionales y al financiamiento opaco de campañas y partidos políticos.
En la región, países con democracias más sólidas, como Canadá (75), Uruguay (73) y Barbados (68), obtuvieron las puntuaciones más altas. Sin embargo, sus avances limitados o recientes retrocesos generan preocupación. En el extremo opuesto, países con altos niveles de represión, instituciones fallidas o cooptadas —como Haití (16), Nicaragua (14) y Venezuela (10)— continúan registrando los peores resultados.
El reporte de Transparencia Internacional señala que en aquellos países donde el acceso a la información y las libertades de expresión y asociación se están deteriorando, así como el espacio cívico se ve más restringido, los niveles de corrupción suben. “En países como El Salvador (32), Perú (30) y Ecuador (33), las leyes limitan el acceso de las ONG a la financiación, obstaculizan sus operaciones o incluso clausuran estas organizaciones que supervisan o exigen cuentas a los gobiernos. Esto suele ir acompañado de campañas de desprestigio e intimidación, así como de hostilidad contra los medios de comunicación independientes, como se observa en Guyana (40). Las consecuencias son la limitación de la supervisión ciudadana y la reducción de la capacidad de la sociedad civil y los periodistas para denunciar abusos y exigir cambios en beneficio del bien común”, señala el reporte.
La corrupción también golpea directamente la calidad de los servicios públicos, con efectos devastadores sobre las poblaciones más vulnerables. En el Perú, la investigación sobre el presunto uso de sobornos en el programa de alimentación escolar Qaliwarma —que habría permitido eludir controles sanitarios y distribuir alimentos contaminados y de baja calidad a niños de familias en situación de pobreza— fue una llamada de atención de cómo la corrupción afecta de manera directa los derechos fundamentales de la ciudadanía.
José Luis Gargurevich, director ejecutivo de Proética, señala que es tiempo de dar soluciones a una situación que, de lejos, para la ciudadanía constituye el principal problema del país, junto con la inseguridad y el crimen organizado.
“Urge en el país una hoja de ruta que nos encamine a frenar la impunidad y asegurar transparencia en las decisiones públicas. Si algo debe ser el eje de un próximo gobierno es enfrentar la corrupción política desde sus vínculos con las economías ilegales, los flujos ilícitos y el financiamiento opaco de los partidos políticos, pero también construyendo culturas de integridad y meritocracia en los puestos más críticos del Estado. El poder político tiene que rendir cuentas a los ciudadanos, y para eso necesitamos un espacio cívico por parte de la sociedad civil que recupere sonoridad y robustez, con vigilancia activa, con generación de evidencias y con involucramiento ciudadanos en las soluciones contra la corrupción”, afirmó.
Acerca del Índice de Percepciones de la Corrupción
Desde su creación en 1995, el IPC se ha convertido en el principal indicador mundial de corrupción en el sector público. A partir del año 2012 se reajustó la metodología para permitir su comparabilidad anual y poder darle seguimiento a la evolución de cada país.
El cálculo del índice se basa en la revisión y estandarización de datos de 13 fuentes externas generadas por instituciones multilaterales, fundaciones privadas y think tanks reconocidos globalmente, como el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, The Economist Intelligence Unit, la Fundación Bertelsmann, entre otras.
El IPC debe leerse de forma invertida; es decir, mientras mayor sea su valor (100), menor percepción de corrupción hay en un país. De la misma forma, mientras más se acerca al 0, significa que la corrupción es percibida como más fuerte.
Revisa y descarga el informe
