Lima, 02 de diciembre de 2025. – La alimentación escolar es uno de los servicios públicos de mayor impacto en el desarrollo educativo y la protección social en el Perú. Con el fin de contribuir a su fortalecimiento y promover mayores estándares de integridad en su implementación, Proética y Videnza Consultores presentan el estudio “Diseño de un sistema de alimentación escolar que mitigue los riesgos asociados a la corrupción y con enfoque territorial”.
La investigación ofrece un diagnóstico actualizado sobre los principales desafíos que enfrenta el país para garantizar un servicio alimentario escolar transparente, oportuno y adecuado a las realidades diversas de los territorios, con especial atención a los riesgos que afectan su legitimidad y eficacia.
Hallazgos clave del estudio
– Las compras públicas vinculadas a la alimentación escolar enfrentan riesgos significativos de corrupción asociados a debilidades de planificación, falta de estandarización de criterios de calidad, limitada transparencia en las compras y asimetrías de capacidad institucional entre territorios.
– La cadena de provisión del servicio muestra brechas territoriales persistentes: regiones con alta dispersión geográfica, limitada infraestructura y menor capacidad operativa enfrentan mayores dificultades para garantizar la calidad, inocuidad y entrega oportuna de los alimentos.
– Los sistemas de vigilancia ciudadana y control social en el ámbito escolar, aunque existentes, son heterogéneos, poco articulados y carecen de recursos suficientes para operar como mecanismos de control efectivo frente a riesgos de corrupción.
Objetivo institucional
El estudio busca ser un insumo útil para autoridades, equipos técnicos y actores vinculados a la implementación de un sistema de alimentación escolar, especialmente en un contexto donde el rol del Estado es determinante para asegurar que este servicio se gestione sin espacio para la corrupción y respondiendo a las necesidades de cada territorio.
Proética reafirma así su compromiso de aportar al debate nacional con evidencia técnica que contribuya a fortalecer la confianza en servicios públicos esenciales para la garantía de derechos de la niñez y adolescencia, y que apoye a las instituciones con un rol clave a tomar decisiones inclusivas, sostenibles y basadas en evidencia.
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