El caso fue expuesto en televisión nacional a inicios de 2023. El gerente de la Municipalidad de Miraflores fue grabado cuando pedía una “donación” a cambio de un permiso para operar en el distrito.
La víctima de la presunta extorsión era Vasco Mujica Roggero, propietario de la compañía de alquiler de scooters eléctricos Grin Perú S.A.
Dos años después, la investigación fiscal contra John Ampuero Joyo, el funcionario en cuestión, aún se encuentra en etapa preliminar. Sin embargo, lo llamativo de este caso no radica en el retardo en la administración de justicia sino en la extraña pérdida de la carpeta fiscal en su contra. La historia es como sigue.
El 17 de abril de 2023, el cuarto despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Corrupción de Funcionarios de Lima, a cargo de Elizabeth Berrospi Díaz, abrió investigación contra Ampuero y los que resulten responsables. Poco tiempo después, la asociación civil Kuskachay, hoy llamada Defensoría Nacional Anticorrupción (DNA), solicitó su incorporación en la investigación como parte agraviada.
Lo hizo al amparo del artículo 94.4 del Código Procesal Penal, que faculta a las asociaciones civiles como la DNA a constituirse en las investigaciones sobre “delitos que afectan intereses colectivos o difusos cuya titularidad lesione a un número indeterminado de personas”. Ese era el caso de la presunta extorsión contra Grin y el perjuicio causado a sus usuarios.
El pedido, sin embargo, fue denegado por la fiscal Berrospi el 23 de agosto de 2023.
La DNA, buscando revertir esa decisión, recurrió entonces al Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional mediante una tutela de derechos. Este fue el punto de partida de un embrollo que acabó con la pérdida de la carpeta fiscal, compuesta por un total de 502 páginas.
En una disposición de enero de este año, Berrospi aseguró que tras llevarse a cabo la audiencia de tutela de derechos el 15 de diciembre de 2023, su despacho remitió la carpeta fiscal al juzgado a cargo de Soledad Barrueto Guerrero. Los documentos llegaron al despacho de Barrueto el 18 de diciembre y cuatro días después, el 22 de diciembre, la jueza resolvió declarar improcedente el pedido de la DNA.
Esta segunda denegatoria fue impugnada por la asociación civil ante la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional. Mientras el pedido era evaluado por dicha sala, la fiscal Berrospi solicitó a la jueza Barrueto la devolución de la carpeta fiscal hasta en tres oportunidades a través de oficios del 11 de enero, el 7 de marzo y el 3 de abril de 2024.
Pese a la insistencia, la fiscal no recibió ninguna respuesta por parte del juzgado. Algunos meses después, el 19 de agosto de 2024, la sala dispuso declarar fundado en parte el recurso de apelación presentado por la DNA y ordenó que la fiscal Berrospi reevalúe la incorporación de la asociación como parte agraviada en la investigación contra Ampuero.
Entonces Berrospi volvió a pedir la carpeta fiscal a la jueza Barrueto el 18 y el 26 de noviembre e incluso ordenó al asistente en función fiscal Iván Gonzales Ozejo que se comunicara telefónicamente con el juzgado para insistir con el pedido. Pero, como había ocurrido a inicios de ese año, la fiscal no recibió ninguna respuesta.
Recién el 2 de diciembre del año pasado, el tercer juzgado de investigación preparatoria informó a la fiscalía de la “pérdida y extravío de la carpeta fiscal” sin precisar las circunstancias ni los posibles responsables. Para entonces, habían transcurrido once meses desde el primer pedido oficial de devolución del expediente.
En la práctica, la pérdida de la carpeta fiscal supuso un retraso importante en la investigación fiscal contra Ampuero, quien continúa desempeñándose hasta hoy como gerente de la Municipalidad de Miraflores. Pero también un impedimento para que la fiscal Berrospi pudiera reevaluar el pedido de la DNA, como le había ordenado la sala.
Sin otra alternativa, el 8 de enero de este año Berrospi ordenó recomponer la carpeta fiscal y para ello solicitó a las partes que remitan en forma física o digital todos los actuados que estuvieran en su poder. La solicitud, por cierto, incluyó a la Municipalidad de Miraflores que, como ya se dijo, mantiene a Ampuero a la cabeza de su aparato administrativo.
La jueza Barrueto se ha limitado a informar de la pérdida del expediente a la Administración del Módulo Penal para que proceda de acuerdo a sus atribuciones, pero en opinión de los representantes de la DNA los responsables de este acto podrían haber incurrido en los delitos de cohecho pasivo propio y tráfico de influencias.
