Altos mandos de la Policía quedaron sin sanción por compra de terreno sobrevalorado en Piura
En junio de 2024, el entonces ministro del Interior Juan José Santiváñez ordenó la intervención del Fondo de Vivienda Policial (Fovipol). Esto, debido a múltiples denuncias de corrupción en la entidad encargada de brindar viviendas a bajo costo a oficiales y suboficiales de la policía.
En 2019, Fovipol destinó 341 millones de soles para la construcción de 1005 viviendas. Sin embargo, al momento de la intervención apenas había adjudicado 45 de estas.
No se trató de simple ineficiencia. Un informe interno determinó que el presupuesto original – constituido a base de descuentos mensuales a los propios policías- había sufrido un severo recorte. Es decir, no había viviendas pero tampoco dinero para construirlas.
“En esta investigación van a rodar cabezas no solo de generales sino de otros oficiales y subalternos, quienes estuvieron a cargo del directorio y de la administración del Fovipol. Estas personas son las que han originado millonarias pérdidas en agravio de miles de policías”, aseguró Santiváñez.
Un año y tres meses después, sin embargo, no se conocen sanciones contra los responsables. Un ejemplo es lo ocurrido con la compra de un terreno de 35 hectáreas en Piura a la hoy quebrada Caja Rural de Ahorro y Crédito Raíz. por el cual Fovipol pagó 21 millones de soles.
En 2019, Fovipol llevó a cabo una licitación para la construcción de viviendas en Piura. La empresa Kinsa obtuvo la buena pro, pero a inicios de 2021 el coronel PNP Samuel Peralta, entonces gerente general de la entidad, se negó a recibir las viviendas aduciendo deficiencias.
Para acreditar las supuestas fallas, Peralta convocó al fiscal anticorrupción Marco Huamán, quien viajó de Lima a Piura para levantar un acta sin presencia de ningún perito. Tras ello, Fovipol se abocó a la compra de un terreno en Piura con la supuesta intención de construir nuevas casas.
Según documentos internos, el único postor en el proceso de compra fue la Caja Raíz, a través de su apoderado Hipólito Mejía. El terreno ofertado a Fovipol estaba ubicado en la zona de Simbilá, a las afueras de Piura, y supuestamente estaba valorizado en 21 millones de soles.
Es así cómo, a lo largo de 2022, el sucesor de Peralta en el cargo, el coronel PNP José Álvarez Rosario, llevó a cabo la compra. del terreno. Lo hizo pese a que en el proceso se descubrió que el bien había sido adquirido originalmente a 2500 soles en 2005.
Es decir, el terreno habría multiplicado su valor de forma exponencial sin haber recibido mejoras en casi diecisiete años. Lo insólito, sin embargo, es que al momento de la compraventa Caja Raíz mantenía un contrato de arrendamiento financiero con un tercero sobre el bien en cuestión.
Aunque seguía siendo de su propiedad, Caja Rural tuvo que hacer un trámite extra para resolver dicho contrato y así poder inscribir la propiedad a nombre de Fovipol. El problema es que nunca cumplió con presentar los documentos requeridos por la notaría, por lo que el trámite quedó trunco.
Poco tiempo después, en agosto de 2023, Caja Raíz fue intervenida por la Superintendencia de Banca y Seguros y fue declarada en insolvencia. Con ello, hasta la fecha Fovipol no ha podido acceder al terreno y menos comenzar a construir viviendas, como había sido su plan inicial.
El nuevo gerente general de Fovipol, el coronel PNP José Luis Alarcón Camacho, no hizo nada por remediar la situación. En una clara maniobra por desviar la atención, promovió una denuncia contra la constructora Kinsa por una supuesta falsedad documental en la licitación de 2019.
La denuncia fue archivada en abril de 2024 por prescripción, al mismo tiempo que Álvarez Camacho era detenido por su presunta participación en una organización criminal que facilitó la fuga del sobrino del expresidente Pedro Castillo y su ministro de Transportes, Juan Silva.
¿Qué sanción recibieron Álvarez Camacho y sus antecesores por la compra del terreno fantasma? Ninguna. Pese a los anuncios de Santivañez y las conclusiones del grupo de trabajo conformado para investigar estos casos, los policías de mayor rango quedaron excluidos de las investigaciones.
En el 2024, el coronel Peralta fue designado jefe de la Región Policial del Callao, mientras que Álvarez Rosario fue transferido a la División Policial del Centro 2. En cuanto a Álarcón Camacho, aún se desempeña como Jefe de Inteligencia de la División del Medio Ambiente de la PNP.
Por su parte, en julio de 2024 la fiscal anticorrupción Norah Córdova inició diligencias preliminares contra Álvarez Rosario y el representante de Caja Raíz, Hipólito Mejía, así como contra otros diecisiete policías y funcionarios de Fovipol por el presunto delito de colusión.
Mientras tanto, este año la empresa Kinsa logró un laudo arbitral a su favor que le permitió proseguir con el contrato con Fovipol y así entregar un primer lote de viviendas en Piura. ¿Para qué servirá entonces el terreno adquirido a Caja Raíz? Nadie responde por ello.
