En la última década, por circunstancias diversas, la lucha contra la corrupción que debería de ser prioritaria para los que creen en una sociedad moderna y en una economía libre de mercado, se ha convertido, paradójicamente, en el caballito de batalla de posiciones anacrónicas que no creen ni en la libertad ni en el mercado. Creándose así una inexplicable brecha ideológica que la ha empantanado.

Así, denunciar actos de corrupción para algunos es hacerle el juego político al antisistema sin darse cuenta de que estos constituyen el principal obstáculo que tenemos hoy en el Perú para desarrollarnos. Mientras tanto, los dinosaurios de izquierda le echan toda la culpa al mercado, olvidando que entre los regímenes más corruptos en la historia se ha encontrado la Unión Soviética donde todo lo dirigía el Estado.

En realidad, el costo de la corrupción es enorme, cada 'comisión’ en una obra, cada 'coima’ a un funcionario, cada fallo judicial 'comprado’ encarecen la inversión y reducen la generación de trabajo. Asimismo, contribuyen a la mala calidad de vida del peruano que paga crecientes impuestos para mantener a un ineficiente Estado que no solo no le da nada a cambio sino que, además, se está convirtiendo en el vehículo más rápido para que los corruptos se hagan millonarios.

Por otro lado, no es ninguna coincidencia que los países más ricos del mundo sean también los más honestos. No existe alternativa a la transparencia y al respeto a la ley para que puedan operar adecuadamente tanto la democracia como el mercado.

Por ello, es absurdo aceptar a un político corrupto 'porque hace obra’. Probablemente la obra en cuestión habrá costado más del doble de lo presupuestado e incluso no sería raro que sea un elefante blanco totalmente innecesario. Lo único seguro es que ese fuerte gasto lo tendremos que pagar los ciudadanos.

Lamentablemente, en los últimos años ha medida que el gasto del Estado se ha duplicado la corrupción ha aumentado. Ahora que estamos por iniciar un proceso electoral hay que poner el tema en la agenda de los candidatos. El Perú no va a ser parte del primer mundo mientras no tengamos un mercado libre de la discrecionalidad de funcionarios; un Estado moderno y transparente que rinda cuentas al ciudadano; un Poder Judicial honesto y eficiente. Avalar la corrupción simplemente nos condena a seguir subdesarrollados.

(Fritz Du Bois / Perú21 )

El 80% de los peruanos califica de corrupto o muy corrupto al país. Desconfían del Congreso y de la PNP, pero creen en la defensoría.

La corrupción es el principal problema que enfrenta el país. Así lo considera más de la mitad del país (51%), según la Sexta Encuesta Nacional sobre Corrupción de Pro Ética, elaborada por Ipsos Apoyo. Esta percepción ha ido aumentando significativamente con el paso de los años, pues en el 2003 llegaba a 25%.

El 56% considera, además, que la corrupción de funcionarios y autoridades son el principal factor que impide el desarrollo del país.

Asimismo, la delincuencia (41%), el desempleo (39%) y el consumo de drogas (36%) continúan siendo un problema para la población, aunque en menor medida que otros años. La pobreza, en cambio, lo es en menor proporción. Este año el 35% de peruanos considera que la pobreza es uno de los tres principales problemas del país, frente a un 51% del 2008.

CONFIANZA EN INSTITUCIONES
¿Cuáles son las instituciones que los peruanos califican de más corruptas? El Congreso (46%), la policía (45%)y el Poder Judicial (38%), aunque esta percepción ha disminuido con respecto a la de hace dos años.

El caso del Poder Judicial es el más llamativo, pues de ser considerada la institución más corrupta por el 61% de peruanos en el 2008, este año ha disminuido en 23 puntos.

Sin embargo, al medir el grado de corrupción en las instituciones, el 74% señala que el Parlamento es una institución muy corrupta o corrupta, delante del Poder Judicial ( 70%).

Más de la mitad de la población confía, más bien, en la Defensoría del Pueblo (53%) para luchar contra la corrupción. El 39% cree en la Iglesia Católica y el 20% en la Fiscalía de la Nación. Sin embargo, casi un tercio del país no confía en ninguna institución.

¿QUÉ NOS ESPERA?
El 80% de los encuestados considera que el Perú es un país muy corrupto o corrupto, apenas 2% menos que en el 2008. El 18% cree que es un país poco corrupto. Frente a este escenario, preocupa que el 39% opine que dentro de cinco años la corrupción habrá aumentado y que el 38% diga que seguirá igual.

Y es que más de un tercio del país piensa que el actual Gobierno tiene interés en luchar contra este flagelo (33%), mientras que el 14% cree que está muy desinteresado. La mayoría piensa, además, que el Gobierno no tiene liderazgo en esta lucha (76%) y que no actúa de manera adecuada (82%) ni eficiente (83%).Los peruanos consideran que para combatir la corrupción, el Gobierno debe botar a los malos elementos (54%) y encarcelar a los corruptos (43%).

(El Comercio)

Dice que fiscal de la Nación no entiende rol de Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. “Alcalde de Lima no participa en reuniones, manda a sus representantes”, se quejó.

No acudió al Parlamento como presidente del Poder Judicial sino como titular de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Fue en esa condición que Javier Villa Stein se presentó ante la Comisión de Fiscalización para hacer un balance de sus primeros seis meses de gestión.

Lo que hasta ese momento se anticipaba como una sesión tediosa y meramente informativa, sin embargo, tomó otro cariz cuando, en un arrebato de extrema sinceridad, Villa Stein se quejó de la falta de compromiso de algunos de los integrantes de la comisión de alto nivel, tras lo cual advirtió que “la lucha anticorrupción no se puede hacer con mariconadas sino con hombría suficiente”. No solo eso. Anticipó que pese a estos inconvenientes no se replegará y seguirá desempeñando sus funciones.

LLAMADO DE ATENCIÓN. El primer blanco de las críticas del magistrado fue el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Carlos Mesía, a quien cuestionó públicamente por haberse retirado de la comisión “porque ha descubierto que hay corrupción” en las instituciones del Estado. Villa Stein confesó que no comprende la postura del magistrado, indicando que si se ha formado un equipo de trabajo para diseñar políticas y acciones para prevenir y combatir la corrupción es precisamente porque esta existe.

En esa misma línea extendió sus reparos a la postura de la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, quien –dijo– “no está muy militante en esta línea porque no ha entendido que la comisión no sustituye a las instituciones porque no vemos procesos ni aplicamos sanciones”.

En medio de la reseña de los acuerdos de la comisión y de propuestas para combatir a la corrupción, el titular de la Corte Suprema no se detuvo en sus observaciones y enfiló luego sus baterías contra el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, “cuya participación no es muy activa y siempre está mandando a un representante, lo que involucra poco compromiso en esta materia”, advirtió. Y como para cerrar con broche de oro arremetió contra el contralor general, Fuad Khoury, quien, reveló, se inhibió de participar alegando que no podía ser juez y parte.

“Poner cartelitos y hacer campaña para que postules con la tuya no es labor de la Contraloría, ponerse en plazas públicas no es labor de control”, subrayó. Finalmente, sin mencionar nombres, Villa Stein lamentó la indiferencia de algunos sectores frente al trabajo de la comisión. “Quieren pasar por puros, pero hacen gárgaras con la lucha anticorrupción”, ironizó.

(Perú21)

Vocero aprista demanda que se amplíe el plazo a la comisión que investiga el caso.  

La verdad siempre sale a flote. La legisladora del Partido Nacionalista, Nancy Obregón Peralta, sí le mintió al país cuando afirmó que desde 2006 estaba separada de su cónyuge Fabio Chávez Peralta, actualmente prófugo por sus vínculos con el narcotráfico.

Perú.21 accedió documentos que dejan sin piso su afirmación. Se trata de la propia solicitud de Seguro Médico que la parlamentaria tramitó ante Rímac Internacional para asegurar a Chávez, en enero de 2008, y la constancia de haber recibido el respectivo carné, el 10 de setiembre del año pasado.

Mientras en el Parlamento algunas bancadas se muestran dubitativas para profundizar las investigaciones sobre las vinculaciones de Obregón con el narcotráfico a raíz de los problemas de su pareja, estas pruebas ameritan, por lo menos, una indagación exhaustiva del caso.

Los nuevos documentos ratifican lo que publicó este diario la semana pasada, cuando presentó la declaración jurada de la legisladora ante Essalud, en marzo de 2008, para reconocer como su beneficiario a Chávez.

Luego de exhibirse esta declaración, Obregón dudó de la validez del documento al cuestionar su firma y destacar el hecho que este provenga de una entidad del Estado, como Essalud. Por ello, pidió un peritaje sobre su firma.

Ahora no se trata de documentos de una entidad del Estado. Es la propia solicitud que la congresista tramitó ante Seguros Rímac y que está debidamente fedateada por el Congreso.

INVESTIGACIÓN. Mauricio Mulder (Apra) señaló que estos indicios prueban que la versión de la separación de su cónyuge “es un cuentazo”, y exigió a las bancadas que amplíen inmediatamente el plazo a la comisión investigadora.

Este diario buscó el descargo de Obregón, quien se negó a responder y solo dijo: “A usted no le voy a responder nada. Publiquen lo que quieran”.

(Perú21)

Mientras que el Poder Judicial mantiene un alto índice de percepción de corrupción –74% de la población la considera una institución muy corrupta/corrupta, de acuerdo con la última encuesta de Ipsos Apoyo–, el Consejo de Defensa Judicial del Estado, que dirige Daniel Figallo Rivadeneyra, ha identificado a 166 magistrados implicados en diversos actos irregulares.

De acuerdo con la información proporcionada por Figallo, se han identificado a 166 jueces y vocales que, a través de sus resoluciones, favorecieron de forma irregular a mafias dedicadas al tráfico ilícito de drogas y al lavado de dinero, entre otros ilícitos.

Y tomándole la palabra al presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein –quien días atrás instó al citado procurador a que denuncie con nombres y apellidos a estos malos magistrados–, se enviará a este poder del Estado el informe en el cual se identifican a estos jueces y vocales, así como la relación de las resoluciones en las que habrían infringido la normativa penal, con la finalidad de que se tomen las medidas correctivas necesarias.

QUE LOS SEPAREN. Ante esta preocupante cifra de magistrados cuestionados, Figallo solicitó al titular de la judicatura que los separe del cargo mientras dure la investigación, toda vez que, dijo, no se puede confiar en su idoneidad.

“El presidente del Poder Judicial puede dictar las medidas de abstención y apartar a estos jueces y vocales que han emitido resoluciones sumamente cuestionables. Nosotros ya hemos formalizado este pedido y el ministro de Justicia, Víctor García Toma, reiterará el requerimiento”, adelantó en diálogo con Perú.21.

Asimismo, el titular de la Defensa Judicial del Estado refirió que “aquí es necesario separar la paja del trigo porque estos magistrados vinculados con temas de corrupción manchan la honra de los otros jueces y vocales. Esperamos que el Poder Judicial tramite estas quejas con la rapidez necesaria pues, a la fecha, estos funcionarios siguen ejerciendo su cargo”.

IDENTIFICADOS. ¿Quiénes son estos magistrados implicados en actos nada santos? De acuerdo con información de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), entre los vocales figuran los ex integrantes de la Cuarta Sala Penal que favorecieron a los Sánchez Paredes, Carlos Ventura Cueva, Hermilio Vigo Zevallos, Demetrio Ramírez Descalzi y Aurora Quintana Gurt Chamorro. Asimismo, los jueces David Tito Bartolla Serrano e Isabel Miranda Hidalgo, quienes favorecieron a los integrantes de ese clan familiar.

También son investigados el juez César Tafur Fuentes y los miembros de la Sala Civil de Tacna, Norma Elizabeth Tellería Vega, Jorge Antonio Amaza Galdos y Eugenio Víctor Casas Durán, quienes fueron quejados por haber resuelto a favor de la importación de vehículos usados. Por el mismo tema, la labor del vocal superior Ricardo Canales Melgarejo, y de los jueces Roberto Gamarra Segovia, del Juzgado Mixto de Abancay, y Rubén Cayro Cari, del juzgado de Villa El Salvador, también son evaluadas.

(Zarella Sierra / Perú21)