La lucha frontal contra la corrupción en el país podría verse seriamente golpeada si en los próximos días se ratifica la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) a favor de Ernesto Schütz, que ordena la nulidad de una resolución del Poder Judicial, donde se establece la suspensión del plazo de prescripción del delito por peculado que recae en su persona.

Sin embargo, lo grave de este dictamen es que de ser aprobado por el TC, prófugos como Fernando Calmell del Solar, el exministro fujimorista Víctor Malca Villanueva, el exempresario televisivo Vera Abad, el cuñado del reo Alberto Fujimori, Víctor Aritomi, entre otros, podrían solicitar la prescripción de sus delitos, según informó el Instituto de Democracia y Derechos Humanos (Idehpucp).

“De confirmarse esta sentencia, estaríamos ante un gravísimo precedente al que recurrirían los actuales prófugos de la justicia que tendrían la oportunidad de regresar al país sin cumplir condena alguna por los delitos cometidos”, informaron.

Asimismo, este Instituto recordó que el 11 de mayo pasado el Tribunal señaló que la mencionada sentencia no ha sido aprobada dado que solo había obtenido tres votos favorables teniendo en cuenta tres votos en contra. Por ello se ha convocado al magistrado Fernando Calle Hayén para dilucidar entre los que votaron a favor y los que votaron en contra para ratificar la validez de la misma.

Con respecto a la fecha en la que Calle Hayén declararía en el TC para romper esta paridad, el titular del Proyecto Anticorrupción que ejecuta Idehpucp, Yván Montoya precisó que no existe un plazo predeterminado para la votación. “Podría estar pronunciándose al respecto aproximadamente en dos semanas”, acotó.

Cabe precisar que días atrás el exprocurador anticorrupción Ronald Gamarra también se mostró sorprendido y disconforme con el fallo del TC, que dio ‘luz verde’ al hábeas corpus presentado por Schütz. “Con este fallo el Tribunal Constitucional sentencia que sí cuenta el plazo de prescripción de los delitos que se le imputan. Eso quiere decir que si los hechos delictivos sucedieron en 1997, faltará poco para que prescriban sus casos, pues ya transcurrieron unos 15 años”, explicó.

Del mismo modo, el procurador anticorrupción Julio Arbizu afirmó sentirse “sumamente indignado” con la sentencia del Tribunal e indicó que aquellos que quieran favorecerse del llamado ‘Efecto Schütz’ no la tendrán tan fácil, pues a pesar que no se puede hacer nada ante este fallo, la Procuraduría Anticorrupción acudirá a todas las instancias, incluso las supranacionales.

ALBERTO BOTTON: abotton@diario16.com.pe

*extraido de: http://diario16.pe/noticia/16121-praofugos-de-la-justicia-podraian-retornar-al-paais-sin-cumplir-condena

César Romero.

El juez anticorrupción Víctor Enríquez Sumerinde condenó al general PNP (r) Arturo Marquina Gonzales a seis años de prisión por presentar un enriquecimiento ilícito de 1’478.745 soles.

Marquina Gonzales se desempeñó desde 1991 hasta 1997 como jefe de las Direcciones de Logística y Seguridad del Estado de la Policía Nacional. Fue además miembro del Consejo Directivo de la Caja de Pensión Militar Policial (CPMP).

De acuerdo con la acusación presentada por la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro Monge, Marquina utilizó a sus familiares más cercanos: esposa, hijos, cuñado y yerno, para cubrir sus ingresos no justificados.

En este sentido, la fiscal también había acusado como sus cómplices a Juanita Tipiani,  Estela y Juan Marquina, José Tipiani y José Gorbeto, pero el juez desestimó las pruebas contra ellos y los absolvió.

La Fiscalía demostró que entre sus ingresos como alto oficial de la Policía Nacional y sus gastos personales y familiares, Marquina Gonzales tuvo un desbalance de 133.942 soles no provenientes de su sueldo.

Además realizó depósitos bancarios por 269.058 soles y adquirió certificados en moneda extranjera por 65.677 dólares, de fuentes no declaradas, que transfirió a terceros el 2003.

Igualmente, a nombre de sus familiares cercanos movió un patrimonio, en empresas e inmuebles, por 790.618,65     soles, cuyo origen no pudo ser aclarado en el juicio público.

Así, se tiene que en 1995 creo la empresa inmobiliaria Estela Maris, a nombre de su esposa y con un capital de 11.500 soles, para un año después, sin haber tenido ingresos, adquirir cinco inmuebles: cuatro tiendas comerciales y una casa de playa, al sur de Lima.

Las cuatro tiendas comerciales fueron compradas a la Caja de Pensión Policial Militar por un precio total de 274.694 soles cancelados en efectivo, y la casa de playa en Las Totoritas, por 80 mil dólares, al empresario Alberto Venero Garrido.

Venero Garrido fue en los noventa uno de los testaferros del asesor presidencial Vladimiro Montesinos y uno de los principales proveedores de la Caja de Pensión Militar Policial.

En el periodo en que se compraron esos inmuebles, Estela Maris solo tuvo ingresos por 22.005 soles, de acuerdo con sus declaraciones juradas de impuestos.

En tanto, la empresa JyE Importaciones, constituida también a nombre de la esposa del general Marquina, realizó depósitos bancarios por 26.600 soles, en una época en que declaró haber tenido utilidades por 138 soles.

CAJA DE PENSIÓN POLICIAL

El juicio no desarrolló cuál podría haber sido el origen de los ingresos no justificados del general Arturo Marquina, pero se enfatizó su condición de alto oficial de la Policía y directivo de la Caja de Pensión Militar Policial, que fue saqueada durante el régimen de Alberto Fujimori.

Según la defensa del general Marquina, no había ningún enriquecimiento ilícito, sino errores en los peritajes al momento de evaluar el patrimonio familiar y solo considerar los ingresos del general.

*extraido de: http://www.larepublica.pe/15-05-2012/dan-seis-anos-de-carcel-ex-jefe-de-logistica-de-la-pnp-por-enriquecimiento-ilicito

Tal propuesta, dijo, fue hecha en los proyectos de Código Electoral y Código Procesal Electoral, que reúnen y ordenan toda la legislación sobre la materia, y cuya revisión realiza el grupo parlamentario que preside el congresista Javier Diez Canseco.

Sivina Hurtado entregó al citado grupo de trabajo el informe institucional en el que emite opinión respecto de la propuesta de reforma electoral que, dijo, es integral y busca ordenar, sistematizar y cubrir los vacíos de la actual legislación, dispersa en 11 leyes.

“Su importancia radica en que al tener reglas de juego claras y ordenadas se logrará una mejora en la gestión y el desarrollo de futuros procesos electorales, contribuyendo a fortalecer la democracia y el real ejercicio de la ciudadanía”, anotó.

Sivina saludó que el grupo parlamentario haya acogido muchos de los aportes y las propuestas de las iniciativas del JNE.

También destacó que entre los especialistas existe consenso sobre la necesidad de una reforma electoral de carácter integral y que este año es el momento oportuno para su evaluación y debate, por encontrarse aún lejanos los procesos electorales de 2014 y 2016.

Para acceder al documento “Libretas de calificación ciudadana com instrumentos para mejorar la rendición docial de cuentas” , hacer click en el siguiente enlace:

Acceder al Texto ganador concurso Rendición de Cuentas 2012

Enith Hurtado. Tacna.

El Ministerio Público en Tacna hará frente al delito de lavado de activos provenientes del contrabando y narcotráfico. El presidente de la Junta de Fiscales Superiores, Oscar Ponce Begazo, anunció que cuentan con el presupuesto para la instalación de dos fiscalías que se dedicarán exclusivamente a investigar este tipo de casos que se evidenciarían en la región.

Estas nuevas áreas fiscales se encargarán de investigar, por ejemplo, por qué una persona de la noche a la mañana logra construir grandes edificaciones si solo cuenta con un trabajo modesto o un sueldo promedio. Ese es un indicio de lavado de activos.

El Ministerio Público, Aduanas y la Contraloría General de la República han observado en Tacna la construcción grandes hoteles y edificios en solo cuatro o cinco años, sin determinarse el financiamiento de los proyectos. Ponce aseguró que la Fiscalía no está en contra del trabajo, pero aclaró que quienes ostenten extraños signos exteriores de riqueza deberán explicar de dónde obtuvieron el financiamiento.

“Las personas que trabajan pueden hacer lo que quieran con su capital, pero se debe explicar de dónde sale el dinero” explicó.

La autoridad fiscal estimó que una persona con un sueldo promedio jamás podrá construir un edificio en cinco años y que a lo mucho logra conseguir una casa de un piso. La labor de investigar presuntos casos de lavado de activos no solo será del Ministerio Público, sino del trabajo conjunto entre Sunat, Aduanas y otras instituciones como la Contraloría General de la República.

Incluso se ha solicitado que en el nuevo edificio fiscal se asigne una oficina de la Contraloría General de la República.

En el distrito judicial de Tacna no existen investigaciones por lavado de activos procedentes del contrabando. Solo se investiga un único delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico que involucra al empresario César Cataño, su entorno familiar y empresarial.

CAPACITAN A PERSONAL 

Actualmente, personal del Ministerio Público se capacita en temas de lavado de activos con expertos de las Naciones Unidas, con la finalidad de no atropellar en sus derechos a los ciudadanos. Ponce reconoció que varios presuntos casos de lavados de activos no se han investigado a la fecha,  debido a que los fiscales y el personal no han tenido la preparación o capacitación suficiente para hacer frente a este delito.

“El trabajo no solo se enmarcará en una labor de auditoría contable, sino también de hacer seguimientos en registros públicos, a los parientes del investigado, a sus bienes y a los desbalances que existe entre lo que tienen y lo que ganan”, precisó la autoridad del Ministerio Público.

*extraído de: http://www.larepublica.pe/07-05-2012/tacna-fiscalia-investigara-personas-con-signos-de-enriquecimiento

La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) aprobó hoy nuevas medidas para combatir la corrupción en las entidades públicas, entre ellas la realización de una audiencia piloto en la provincia de Lima para recoger las denuncias de los ciudadanos.

Esta experiencia servirá de base para establecer un reglamento que permita aplicar las  audiencias a nivel nacional, como herramienta para garantizar la transparencia en el aparato del Estado

Asimismo, en la tercera sesión del 2012 y la décimo segunda desde su creación, la referida Comisión dio luz verde a la iniciativa que obliga a las entidades públicas y a los gobiernos regionales y locales a difundir sus adquisiciones o contrataciones directas menores o iguales a tres unidades impositivas tributarias (UIT), es decir 10,950 nuevos soles.

En la reunión, realizada en Palacio de Gobierno, también se aprobó el registro de visitas en línea. La propuesta consiste en publicar en el portal de cada institución información sobre las personas que visitan a los empleados públicos en las entidades de la administración pública. Soto Vallenas manifestó que la finalidad de esta medida es transparentar las posibles gestiones de interés que realizan los ciudadanos.

Los integrantes de la CAN también  dieron su respaldo al anteproyecto de ley sobre declaración jurada de conflicto de intereses de los funcionarios públicos, presentado por el congresista Luis Iberico.

El Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y actual Presidente de la CAN, Gastón Soto Vallenas dijo que las nuevas decisiones han sido aprobadas con el propósito de recuperar la confianza de la ciudadanía en todo el país.

La nueva reunión de la CAN realizada en la sede de la Presidencia del Consejo de  Ministros, contó con la asistencia del Jefe del Gabinete Ministerial,  Oscar Valdés; el Fiscal de la Nación, José Peláez;  el Juez Supremo, Luis Felipe Almenara,  la Presidente Ejecutiva de Proética, Cecilia Blondet; el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega; la Coordinadora General de la CAN, Susana Silva Hasembank, el Vicepresidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales, Wilfredo Oscorima, y el Vicepresidente de la CONFIEP, Hans Flury Royle.

En su oportunidad, el Presidente del Consejo de Ministros, Oscar Valdés señaló que la decisión de promover las audiencias públicas servirá para escuchar al pueblo peruano que quiere contribuir a eliminar la corrupción en todos los niveles.

El doctor Gastón Soto dijo que la publicación de las adquisiciones y contrataciones hasta las 3 UIT y el registro de visitas en línea van a ayudar a transparentar la gestión de los organismos públicos.

Finalmente, la coordinación general de la CAN presentó a sus miembros una propuesta de boletín informativo que fue elaborado gracias al apoyo de la Cooperación Alemana de Desarrollo GIZ. Con este boletín se pretende poner en agenda pública el tema de la lucha contra la corrupción, así como dar a conocer a la ciudadanía acerca de los avances que en dicha materia realizan las instituciones que conforman la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.

Lima, 2 de mayo de 2012

Oficina de Prensa e Imagen Institucional

“Hemos iniciado la elaboración de un proyecto de ley que va a equiparar los actos de corrupción en la compra de pertrechos o abastecimiento militares, y todo lo que tenga que ver con la seguridad nacional, con actos de traición a la patria”, afirmó en declaraciones a la prensa.

A propósito de las denuncias sobre los chalecos antibalas deficientes y raciones malogradas, Abugattás dijo que no se puede aceptar que haya gente que lucre con este tema, mientras soldados y policías combaten contra el terrorismo en el VRAE.

“Quizás algunos dirán que es un exceso, pero yo creo que llego el momento de ponerle freno a esto, y en mi opinión sí son traidores a la patria aquellos que están lucrando con recursos del Estado, en perjuicio de la población”, aseveró.

Abugattás anunció la próxima presentación de este proyecto de ley en medio del pesar por el sacrificio del suboficial de la Policía Nacional, César Vilca Vega, cuyo cuerpo sin vida fue hallado hoy en Vilcabamba, Cusco, luego de permanecer 20 días desaparecido tras un combate con narcoterroristas.

Según una reciente denuncia, un lote de chalecos antibalas adquiridos para el personal militar que combate contra los narcoterroristas en el VRAE no ofrece protección contra proyectiles de alto calibre, lo cual pone en grave riesgo sus vidas.

Asimismo, otra denuncia señala que la adquisición de raciones alimenticias para este grupo de soldados no siguieron los procedimientos que garanticen la calidad y las condiciones sanitarias adecuadas.

(Foto USI/ Fuente Andina)