El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, se pronunció sobre el viaje que hace unos días realizó la ex primera dama, Nadine Heredia, a la ciudad de Ginebra, en Suiza, para asumir un cargo como funcionaria de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

 

Asimismo, también se refirió a una serie de hechos producidos en las últimas semanas en el Poder Judicial vinculados a pagos indebidos y costosas adquisiciones en beneficio de los Jueces Supremos. Finalmente, también analizó el pedido de interpelación anunciado por el Congreso de la República contra el Ministro de Educación, Jaime Saavedra.

 

Respecto a la señora Heredia, Albán consideró que más allá de las fundadas críticas que ha merecido en los ámbitos político y ético, corresponderá al Ministerio Público y el Poder Judicial, atendiendo a los argumentos planteados por la defensa, definir la situación legal de la ex primera dama. “Queda claro que esta investigación no puede de ninguna manera ser truncada”, agregó en la última edición de La Voz de Proética.

 

Sobre la situación en el Poder Judicial, nuestro Director Ejecutivo expresó su rechazó a la reciente compra de 21 autos nuevos, valorizados en aproximadamente 11 millones de soles, los mismos que han sido asignados para el uso personal de los jueces supremos, reemplazando vehículos que les fueran entregados por el mismo concepto a inicios del presente año. Ello en medio de una crisis desatada precisamente por carencia de recursos en el sector.

 

Asimismo, criticó que el presidente interino del Poder Judicial, Ramiro de Valdivia Cano, haya demandado y obtenido un fallo a su favor, en primera instancia, para que el Poder Judicial le otorgue una compensación de cerca de 2,6 millones de soles, por un supuesto daño moral y perjuicio económico causado cuando fue sancionado en el año 2002 por sus vínculos con el ex asesor presidencial, Vladimiro Montesinos.

 

Albán también consideró inadecuado el pago de sueldos otorgados al juez supremo Vicente Walde Jáuregui, por más de un millón de soles, supuestamente devengados en el tiempo que fue separado del Poder Judicial por el Consejo Nacional de la Magistratura, al considerar que había incurrido en hechos irregulares entre los años 2005 y 2010. Tales pagos habrían sido realizados directamente desde la administración del Poder Judicial, al haber sido aprobados por el gerente, Jaime Gómez Valverde.

 

“Todo esto nos habla de una situación que demanda una revisión a fondo del sistema judicial. Creemos que esta no podrá ser abordada por el denominado Acuerdo Nacional por la Justicia”, mencionó nuestro Director Ejecutivo, refiriéndose a la reciente iniciativa del Ministerio de Justicia, con la que se busca combatir la corrupción y mejorar la calidad del servicio al ciudadano.

 

“La debilidad de este acuerdo es intrínseca porque participan ahí quienes son objeto de serios cuestionamientos como los anteriormente descritos, así como el Consejo Nacional de la Magistratura”, agregó.

 

Por otro lado, Albán abordó el tema del pedido de interpelación al ministro de Educación, Jaime Saavedra, promovido por la bancada de Fuerza Popular, bajo diversos pretextos que esconden la intención de defender el interés de diversas universidades que han sido afectadas por la vigencia de la actual Ley en este campo. Según señaló, es la defensa de estos inconfesables intereses lo que ha dado lugar al pedido de interpelación que, esperamos, por el bien de todos, no prospere.

 

“La opinión pública tiene que estar muy atenta para que no permita que la corrupción siga campeando en el país. Proética continuará haciendo lo que le corresponde para denunciar los hechos que deben ser rechazados con ese objetivo. Es muy importante en estos momentos, permanecer vigilantes y con todos los sentidos puestos en lo que se decida en todos estos días con relación a lo expresado”, concluyó.