• Por Ricardo Uceda
  • Artículo publicado en el diario La República

 

El caso del abogado huanuqueño Horacio Cánepa, favorecedor de Odebrecht en controversias con el Estado y beneficiario de depósitos en la banca de Andorra, va más allá de una actuación profesional deshonesta. Es un ejemplo de cómo el sistema de arbitrajes favorece la corrupción. Un procedimiento es el denominado ad hoc: los discordantes eligen un tribunal arbitral y pactan con sus miembros las reglas. En otra fórmula se recurre a una institución especializada que tiene su lista de árbitros y su reglamento. Esta vía deja un registro ordenado de las actuaciones de los árbitros. En un contexto de falta de transparencia sobre estos procesos, la segunda es preferible para el Estado. El Congreso, sin embargo, parece dispuesto a debilitarla.

 

 

Hijo predilecto

Parte del problema se comprende siguiendo las disputas del propio Cánepa antes de que saltara a la fama. Ya lo hizo una vez, en 1995, cuando estuvo comprometido en el llamado Huanucazo, un fraude departamental para beneficiar la candidatura de Fujimori y la suya propia, por el que fue acusado y finalmente absuelto. En 2009 fue declarado Hijo Predilecto de Huánuco. En 2015 figuraba en la lista de abogados elegibles del Centro Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica. Ese año, sin embargo, la institución hizo una reinscripción de sus árbitros y lo excluyó. El acuerdo trajo una cola que se mueve hasta hoy.

 

Cánepa pidió revisión de su caso infructuosamente. Una junta integrada por los abogados Jorge Avendaño, Alfonso de los Heros, Humberto Medrano, Baldo Kresalja y Walter Albán ratificó el acuerdo. Cánepa grabó subrepticiamente la sesión, en la que él intervino pero no convenció. Luego emitió un comunicado despotricando contra el centro y difundiendo la grabación, cuyo contenido, sin embargo, no favorecía su planteamiento de que no existían causas para que fuera removido. Uno de los puntos que lo desacreditaban era un anuncio en la página web de su estudio, “Horacio Cánepa Abogados”. Sobre la foto de un lustroso recibidor, se leía: “La única ética profesional que conozco es ganar”.

 

–Ese lema no concuerda con los principios de nuestro centro –dijo, en un momento de la sesión, Walter Albán.

 

 

Congresista amiga

Cánepa presentó una acción de amparo contra la decisión pidiendo, como medida cautelar, su reincorporación inmediata. No tuvo éxito. Los centros de arbitraje son instituciones privadas a las que recurren libremente actores en conflicto en función de la confianza que suscitan. Parte de su prestigio y competitividad se funda en una elección esmerada de sus árbitros. Es una de sus principales atribuciones, pues una vez que estos son designados asumen íntegramente la responsabilidad de los laudos. La historia con Cánepa no terminó allí.

 

Entró a tallar el congresista por el PPC Juan Carlos Eguren. Cánepa también pertenece al PPC, de donde fue suspendido la semana pasada, hasta que se esclarezcan las recientes denuncias en su contra. Eguren presentó un proyecto de ley que restringía las atribuciones de los centros especializados para elaborar sus listas de árbitros. El abogado Alfredo Bullard, en un artículo en El Comercio, aseguró que Eguren reaccionó ante la separación de su amigo y correligionario Cánepa del centro de arbitrajes de la PUCP. A su vez, Proética, dirigida por Walter Albán, denunció al parlamentario ante la Comisión de Ética del Congreso. Había enviado una carta a la Presidencia del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), recomendando a “mi amigo Horacio Cánepa”. Para entonces –junio del 2016– prácticamente había vencido el período del Congreso elegido en 2011. La denuncia no se discutió.

 

 

Es sistema mejor

El tema volvió con las recomendaciones de la Comisión de Integridad nombrada por Pedro Pablo Kuczynski para delinear políticas anticorrupción. El grupo, presidido por Eduardo Vega, propuso que el arbitraje en materia de contratación pública fuera únicamente institucional. Debían proscribirse los ad hoc. Para entonces ya se conocían estudios de la Contraloría y del propio centro de arbitrajes de la PUCP respecto de las imperfecciones del sistema tal como estaba, con el resultado de que el Estado perdía más del setenta por ciento de arbitrajes.

 

Aunque parte del problema se origina en contratos defectuosos, otro motivo es que los procuradores públicos (que por orden superior o raciocinio propio escogen a los árbitros) prefieren el sistema ad hoc. Pese a que el arbitraje de instituciones especializadas también puede prestarse a la corrupción, su participación es más fiable. Los mejores están más interesados en que sus árbitros sean idóneos. Y son más susceptibles de escrutinio.

 

 

Decreto al agua

De acuerdo con el informe final de la Comisión de Integridad, la recomendación del arbitraje institucional fue determinada “por sus ventajas sobre el ad hoc en materia de transparencia, seguridad y predictibilidad”. Aunque el gobierno ignoró la mayoría de propuestas del grupo, sí hizo suyas las referidas a los arbitrajes, después de que fueran estudiadas en la PCM y el MEF. Así pues, incluyó una norma que impedía peritajes ad hoc en la solución de conflictos con el Estado –salvo en casos de menor cuantía– en el paquete legislativo que aprobó con delegación de facultades. El Congreso, sin embargo, la derogó en mayo pasado. La Comisión de Constitución dijo que era inconstitucional: impedía, supuestamente, la libertad de contratación.

 

−No coarta ninguna libertad –dice Albán−. Un organismo público puede escoger al árbitro que desee del registro de cada centro. Así como puede contratar al proveedor de su conveniencia que se halle registrado en el OSCE. Nadie piensa que este registro, que es obligatorio, viola la libre contratación.

 

 

Proyecto Ushñahua

El gobierno observó la derogatoria y el Congreso inició el trámite de insistencia. Según Eduardo Vega, la comisión recibió abrumadoras opiniones respecto de la inconveniencia del sistema de arbitrajes ad hoc para el Estado. “Hay lobbies organizados −dijo−, y la actitud del Congreso revela su permisividad con la corrupción”.

 

Un proyecto del parlamentario de Fuerza Popular Glider Ushñahua, claramente heredero del de Eguren, replantea las limitaciones a los centros para nombrar árbitros, e incluso va más allá: las instituciones de este tipo que sean universidades, no podrán tener árbitros que a la vez sean profesores en sus aulas. Para Ushñahua los lobbies están en los centros. Ningún estudio, ninguna exposición fundamentada acompaña la propuesta, que aparentemente será aprobada por la Comisión de Constitución del Congreso en los próximos días. Pese a que Cánepa fue retirado del centro de la PUCP y luego del de la Cámara de Comercio de Lima, su legado sigue vivo.

 

Los centros de arbitraje son instituciones privadas a las que recurren actores en conflicto por la confianza que suscitan. Parte de su prestigio se funda en una elección esmerada de sus árbitros.Ningún estudio, ninguna exposición fundamentada acompaña la propuesta. Pese a que Cánepa fue retirado del centro de la PUCP y luego del de la Cámara de Comercio de Lima, su legado sigue vivo.